La mujer fue detenida tras cinco meses de investigaciones que desmintieron la hipótesis inicial sobre la muerte del funcionario judicial.
Una funcionaria del CTI de la Fiscalía General de la Nación fue capturada en Barranquilla como presunta responsable del homicidio de su esposo, a quien habría intentado hacer pasar por víctima de un suicidio. La detención fue concretada por uniformados de la Sijín en cumplimiento de una orden librada por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías.
La indiciada fue identificada como Chirley Mildred Hernández Rojas, adscrita a la Unidad de Patrimonio Económico de la seccional Atlántico, mientras que la víctima mortal correspondía a Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, de 52 años, quien laboraba como citador de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
El procedimiento de captura se materializó en la tarde del martes 25 de agosto en la carrera 45 con calle 53, cuando la mujer abandonaba el conjunto residencial Catedral Plaza, ubicado en el barrio Boston. En ese mismo inmueble ocurrieron los hechos en la noche del pasado 21 de marzo de 2026.
De acuerdo con el proceso, la investigadora sostuvo inicialmente ante las autoridades que su cónyuge se había quitado la vida en la sala de la vivienda tras regresar de compartir con unos amigos. Sin embargo, los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal revelaron que el cuerpo presentaba cuatro impactos de bala en la cabeza, el pectoral, el estómago y un antebrazo.
Los hallazgos forenses y las evidencias recopiladas por la Fiscalía 23 Seccional de la Unidad de Vida determinaron que las heridas no correspondían a una autolesión. Asimismo, las pesquisas judiciales orientaron el caso hacia un ataque directo y una presunta alteración de la escena del crimen para ocultar lo sucedido.
La pareja llevaba 16 años de matrimonio y tenía dos hijos en común. Tras su detención a las afueras del edificio residencial, la procesada fue ingresada a los calabozos de la Fiscalía a la espera del inicio formal de las etapas procesales.
Para este miércoles 26 de agosto se fijó la realización de las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías. En la diligencia, el ente acusador le imputará formalmente a Hernández Rojas los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
El avance de las audiencias definirá si se impone medida de aseguramiento en centro carcelario contra la funcionaria. Entre tanto, el proceso continuará para determinar la responsabilidad penal de la imputada, quien mantendrá su derecho a la presunción de inocencia durante el juicio.
