El estallido generó momentos de pánico en la madrugada y obligó al despliegue inmediato de un plan candado en la ciudad.
Un atentado terrorista sacudió la capital de Norte de Santander hacia las 3:20 de la madrugada del sábado 1 de agosto, en pleno desarrollo de las ferias de Cúcuta. Un vehículo cargado con explosivos estalló a escasos metros de la sede del comando de Policía de Norte de Santander y de la Central de Abastos, en el barrio Prados Norte, dejando un saldo preliminar de catorce personas lesionadas entre ellas once uniformados y tres civiles, la muerte de un canino de la institución y pérdidas materiales estimadas en más de 3.000 millones de pesos.
El ataque provocó severas afectaciones en las instalaciones policiales, la sede médica de la institución, establecimientos bancarios como el BBVA, comercios, viviendas y vehículos estacionados en el sector. Ante la magnitud de la onda expansiva, las autoridades procedieron al acordonamiento preventivo de la zona, la restricción de la movilidad y el cierre temporal de los accesos a Cenabastos y la avenida Los Libertadores, mientras los equipos antiexplosivos y las unidades de investigación realizaban las labores de inspección en el terreno.
Detalles del vehículo e impacto del atentado
Las primeras investigaciones lideradas por la Policía Nacional permitieron establecer que los atacantes utilizaron un camión tipo NKR con placas falsas para movilizar el material bélico. En el interior del automotor se acondicionó una estructura metálica sobre rieles con la capacidad de desplazar la cubierta del vehículo y accionar un mecanismo de lanzamiento de 15 artefactos explosivos, con cargas de entre 15 y 20 kilogramos cada una.
Los artefactos explosivos se encontraban camuflados entre bultos de papa y zanahoria para evitar los controles de las autoridades. Asimismo, el vehículo contaba con un sistema de activación electrónica por radiofrecuencia y una última carga programada para detonar en el mismo punto de origen, diseñada para destruir los elementos probatorios del automotor tras la ejecución del ataque.
Entre los afectados por la detonación figuran once efectivos de la institución policial y tres particulares. Tras recibir la atención inicial en centros médicos de la ciudad, se dispondrá el traslado de los uniformados a sus regiones de origen una vez sean dados de alta para completar su proceso de recuperación en compañía de sus familias.
La emergencia generó el despliegue inmediato de unidades de la Sijín, la Sipol y los organismos de inteligencia para recopilar material probatorio, revisar cámaras de seguridad y ejecutar cierres viales estratégicos en los corredores de salida de la ciudad mediante la implementación de un plan candado.
Recompensas y señalamiento a cabecillas del ELN
El Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública responsabilizaron a la estructura criminal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la planeación y ejecución del atentado. Las autoridades identificaron como autores intelectuales del hecho a alias David, principal cabecilla en el Catatumbo y a alias Nay o ‘Nike‘, ambos vinculados a los delitos de homicidio, extorsión, secuestro y terrorismo.
Por información que conduzca a la localización de alias David se fijó una recompensa de hasta 800 millones de pesos, mientras que por alias Nay se ofrecen hasta 150 millones de pesos. De igual forma, el Gobierno habilitó hasta 350 millones de pesos por los autores materiales que abandonaron el camión en el sitio, junto a una bolsa general de hasta 200 millones de pesos para quien entregue datos bajo absoluta reserva.
A esta estructura de incentivos se suman los montos vigentes contra los mandos superiores de la organización insurgente: hasta 5.000 millones de pesos por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, y hasta 1.640 millones de pesos por alias Silvana, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, y alias Ricardo, jefe del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero.
Desde la cartera de Defensa se reafirmó el compromiso de persecución contra los autores del ataque. La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, expresó:
Despliegue de la Policía y medidas de seguridad
El director general de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, se desplazó a la capital de Norte de Santander para verificar de primera mano la situación de orden público y acompañar a los uniformados heridos y a sus familias.
Durante su balance sobre la situación, el alto oficial declaró a través de X:
Ante la gravedad del suceso, se convocó un consejo extraordinario de seguridad liderado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, en el que se ordenó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter permanente en el departamento para evaluar diariamente los informes de inteligencia.
Asimismo, se dispuso el refuerzo de la seguridad en el área metropolitana mediante el envío de siete pelotones del Ejército Nacional cerca de 250 soldados, acompañados por unidades blindadas, motorizadas, vigilancia aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y sistemas de drones hasta el próximo 7 de agosto.
Decisiones administrativas y repercusiones políticas
Las autoridades territoriales adoptaron medidas inmediatas en materia de orden público. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, suspendió la visita que tenía programada al municipio de Chitagá para liderar las acciones de seguridad en Cúcuta, decretando junto a la Alcaldía restricciones temporales a la circulación de motocicletas y vehículos de carga pesada en horarios específicos durante la Feria de Cúcuta.
Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta emitió un pronunciamiento institucional a través de X:
El atentado provocó pronunciamientos de diversos sectores de la política nacional. El senador por Norte de Santander, Wilmer Carrillo, advirtió en sus redes que este hecho corresponde al tercer ataque contra la Policía en menos de una semana.
De forma paralela, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, condenó la acción violenta expresando:
