Para sobrevivir y costear sus controles médicos, pide dinero en las calles y buses de la capital tras quedar sin apoyo económico ni familiar.
En el año 2000, María Consuelo Córdoba se trasladó desde Istmina, Chocó, hacia Bogotá junto a su entonces pareja para buscar oportunidades laborales. Tras negarse a regresar a su municipio de origen como se lo exigía el hombre, sufrió una agresión con una sustancia corrosiva arrojada directamente a su rostro cuando abrió la puerta de su residencia.
La sustancia química se encontraba almacenada en un envase de licor, por lo que la mujer no identificó el contenido hasta experimentar el impacto en la piel. Desde ese momento, la víctima inició un proceso médico ininterrumpido para tratar las lesiones cutáneas y óseas generadas en la parte superior de su cuerpo.
Más de dos décadas entre quirófanos y precariedad económica
A lo largo de 26 años, Córdoba ha sido intervenida quirúrgicamente en aproximadamente 87 ocasiones y ha permanecido internada en centros hospitalarios durante extensos periodos. A pesar de los procedimientos reconstructivos realizados en su cara, el esquema médico requerido continúa inconcluso por la falta de recursos financieros para cubrir los tratamientos especializados restantes.
Actualmente, la mujer habita en una habitación en arriendo ubicada en la localidad de Puente Aranda por un valor de 500 mil pesos mensuales. Al no contar con una vinculación laboral formal ni con el apoyo de su núcleo familiar, recurre de manera constante al transporte público y a las vías de la capital para solicitar asistencia financiera a los transeúntes.
En entrevista con Citytv, la mujer expuso su situación cotidiana manifestando: “Yo tengo que pedir limosna, montarme en los TransMilenios, montarme en los buses”. De acuerdo con su declaración, los fondos recaudados en las calles se destinan a solventar la alimentación diaria, el pago del alquiler y los traslados hacia las citas médicas de control.
El desgaste físico acumulado por las afecciones de salud y la falta de ingresos económicos llevaron a la sobreviviente a manifestar que se encuentra cansada de vivir bajo tales condiciones. Por esta razón, reiteró públicamente su intención de someterse al procedimiento de eutanasia para poner fin a su estado actual.
El compromiso asumido en 2017 y la falta de apoyo estatal
La opción de recurrir a la muerte asistida ya había sido contemplada por Córdoba en el año 2017. Durante la visita oficial del papa Francisco a Colombia en ese periodo, la mujer sostuvo un encuentro con el sumo pontífice en el que abordaron la posibilidad de suspender dicha solicitud.
Durante el diálogo sostenido con el líder religioso, éste le solicitó desistir de la idea de la muerte asistida bajo la premisa de que recibiría la atención médica necesaria en el país. Sobre este episodio, Córdoba declaró en dicha entrevista: “Cuando él me dijo: ‘¿Me prometes que no te vas a aplicar la inyección de la eutanasia?’, yo le respondí que se lo prometía”.
En la misma conversación con el canal informativo, la entrevistada agregó sobre lo expresado por el pontífice: “Él me dijo que era una promesa de Dios y que Colombia me iba a ayudar para que me hiciera las cirugías que me hicieran falta”. Sin embargo, según su testimonio, las ayudas institucionales prometidas para culminar la reconstrucción de su rostro no se materializaron durante los años posteriores.
Trámite legal y panorama de las agresiones químicas en el país
Pese a la manifestación pública de la solicitante, las autoridades sanitarias no han confirmado la aprobación, autorización o programación de la eutanasia. El ordenamiento jurídico colombiano establece que cada solicitud debe someterse a la revisión estricta de un comité médico que evalúe el cumplimiento de los requisitos del derecho a morir dignamente.
El caso de Córdoba se suma a los registros del Instituto Nacional de Salud, entidad que según los últimos reportes contabilizó 268 casos sospechosos de agresiones con ácidos, álcalis o sustancias corrosivas en el territorio nacional entre los años 2020 y 2024. De la cifra total reportada por el organismo oficial, 153 ataques fueron perpetrados contra mujeres.
Estas mediciones estadísticas evidencian que los ataques con agentes químicos representan un problema recurrente en el país. Asimismo, la situación de la víctima deja al descubierto las barreras de acceso a la salud y a la subsistencia que enfrentan las personas sobrevivientes a este tipo de lesiones con el paso de los años.
