El jefe de la cartera afirmó haber archivado los contenidos para actualizar la oferta institucional, aunque en la cuenta se conservan publicaciones de la administración de Iván Duque.
El Ministerio de Agricultura, bajo la dirección de Indalecio Dangond, se encuentra en el centro de una polémica tras denuncias sobre el retiro de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram correspondientes a la gestión del gobierno de Gustavo Petro.
Las exministras de esta cartera, Cecilia López, Jhenifer Mojica y Martha Carvajalino, denunciaron públicamente el hecho, señalando que en el perfil oficial solo permanecen contenidos previos a la administración saliente, vinculados a la gestión del expresidente Iván Duque.
Explicación oficial y conservación de contenidos
Ante los señalamientos, el jefe de la cartera, a través del Ministerio de Agricultura, negó haber eliminado información institucional y explicó que se procedió a archivar contenidos publicitarios y programas que ya no corresponden a la política agropecuaria ni a la hoja de ruta del Gobierno actual.
Desde la entidad sostuvieron que los documentos públicos e información oficial continúan disponibles conforme a la ley, argumentando que la ciudadanía debe recibir información clara, veraz y coherente con las decisiones y la oferta institucional en ejercicio.
Deber de custodia y Ley de Transparencia
Por su parte, la exministra Martha Carvajalino afirmó que todo servidor público tiene la obligación legal, ética y constitucional de custodiar y proteger la información pública para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la memoria institucional.
Carvajalino también advirtió que el incumplimiento en la conservación, integridad y trazabilidad de los registros estatales podría generar responsabilidades de carácter penal, disciplinario y civil para los funcionarios encargados.
Alcance y expectativas sobre la memoria institucional
Las denuncias presentadas en plataformas digitales invocan la Ley 1712 de 2014, o Ley de Transparencia, la cual exige a las entidades estatales divulgar de forma proactiva la información de su gestión y garantizar el libre acceso ciudadano a dichos registros.
Los cuestionamientos enfatizan que el retiro de material en canales oficiales altera la memoria digital de la entidad y dificulta la verificación pública del historial de ejecuciones en políticas agrarias y desarrollo rural.
La controversia se mantiene en torno a verificar la totalidad del contenido retirado, los criterios aplicados para su archivo y la disponibilidad de dichos registros en otros repositorios estatales de datos abiertos.
