El Ministerio de Ambiente firmó la Resolución 0994 que limita el otorgamiento de nuevos permisos extractivos en el municipio de California a pocas horas del cambio de mando presidencial.
A través de la Resolución 0994 expedida el 6 de agosto de 2026, el Ministerio de Ambiente oficializó la declaración definitiva de 1.499,28 hectáreas en la zona de La Baja, municipio de California en el departamento de santander, declarándola como Reserva de Recursos Naturales Renovables. Con esta medida emitida en el tramo final de la administración de Gustavo Petro, la cartera ambiental busca salvaguardar las fuentes hídricas subterráneas y superficiales que abastecen de agua a más de dos millones de habitantes entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, cerrándole el paso a proyectos de megaminería.
Esta decisión del Gobierno saliente reafirma una política orientada a la conservación de ecosistemas estratégicos frente a proyectos extractivos de gran escala en el complejo de páramos Jurisdicciones – Santurbán – Berlín. No obstante, el acto administrativo deja abierto un intenso debate regional ante el inminente inicio de la administración de Abelardo de la Espriella, cuyo programa de gobierno promueve la agilización de licencias ambientales y el fomento a la inversión minera, generando posturas encontradas entre colectivos sociales y las economías tradicionales de la provincia de Soto Norte.
Alcance normativo de la Resolución 0994 y restricciones a la actividad extractiva
El acto administrativo dictaminado por la cartera de Ambiente fija un cerco regulatorio estricto sobre el área comprendida en el sector de La Baja para salvaguardar los procesos de recarga, infiltración y conectividad hidrogeológica del Macizo de Santurbán. La disposición central prohíbe taxativamente la concesión de nuevos títulos, licencias o contratos de exploración y explotación minera a gran escala dentro del perímetro protegido, obstaculizando de manera definitiva el avance de proyectos promovidos por compañías internacionales.
Pese a la restricción para nuevos frentes de extracción, el texto oficial aclara que las operaciones mineras que ya cuentan con instrumentos ambientales y títulos vigentes podrán mantener sus labores. No obstante, estas no podrán incrementar sus volúmenes de producción ni extender las áreas de explotación autorizadas originalmente.
En paralelo, la normativa contempla que las solicitudes de formalización de la pequeña minería que se encuentran en trámite continuarán su curso reglamentario hasta obtener un pronunciamiento definitivo. Con ello, el marco regulatorio busca establecer un balance regulatorio diferenciando la pequeña actividad ancestral de los proyectos industriales de gran calado.
Junto a la creación de la reserva definitiva de La Baja, el Gobierno ratificó la vigencia de las áreas de reserva temporal en la región hasta el año 2029. Durante este periodo, las autoridades ambientales y los equipos técnicos ejecutarán estudios especializados que servirán de sustento científico para definir futuras decisiones de protección territorial sobre el resto del ecosistema de páramo.
Impacto en el abastecimiento hídrico y la biodiversidad regional
La zona de La Baja es considerada un punto neurálgico para la regulación hídrica del ecosistema, pues en sus suelos se originan múltiples fuentes que alimentan la cuenca del río Suratá. La preservación de esta área garantiza el flujo constante y libre de contaminantes pesados hacia las plantas de tratamiento que abastecen el área metropolitana de Bucaramanga y varios municipios de Norte de Santander.
Especialistas del Instituto Humboldt y expertos ambientalistas han señalado reiteradamente que la remoción de capa vegetal y las excavaciones profundas asociadas a la megaminería habrían generado un daño irreversible en los acuíferos subterráneos. Por ello, la imposición de este estricto régimen de reserva busca evitar el colapso del flujo base que alimenta los nacimientos de agua en las cotas más bajas de la montaña.
Adicionalmente, el territorio protegido alberga especies endémicas de flora y fauna adaptadas exclusivamente a las condiciones climáticas de la alta montaña andina. El freno a la expansión industrial no solo preserva el recurso hídrico, sino que mantiene la continuidad biológica de corredores ecológicos indispensables para la fauna local.
Reacciones encontradas entre ambientalistas y comunidades locales
La entrada en vigor de la medida fue celebrada por organizaciones ambientalistas y representantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, quienes valoraron la decisión como el resultado de 17 años de gestiones jurídicas y movilización social. Líderes del movimiento, como Mayerly López, destacaron que el decreto atiende a las peticiones ciudadanas respaldadas por más de 8.000 firmas que solicitaban detener definitivamente la expansión de la minería a gran escala en el ecosistema.
Desde los sectores ambientalistas se enfatizó que el paso a seguir debe centrarse en la destinación de inversión social para la provincia de Soto Norte, con el objetivo de estructurar alternativas económicas sostenibles para los habitantes de la zona. Asimismo, los voceros de los colectivos defensores del agua anticiparon que la declaratoria podría enfrentar demandas ante estrados judiciales por parte de corporaciones mineras, motivo por el cual anunciaron que participarán en la defensa legal del acto administrativo.
En la orilla opuesta, representantes de pequeños mineros y pobladores de los municipios de la provincia expresaron su descontento con la expedición del acto administrativo, calificándolo como una decisión adoptada de manera apresurada al cierre del período gubernamental. Voceros comunitarios manifestaron que la resolución no garantizó un nivel adecuado de participación ciudadana y advirtieron sobre el impacto socioeconómico que las limitaciones a la actividad tradicional pueden generar en el empleo de cientos de familias de la región.
