El fallo judicial determinó que el exmandatario usó esos recursos públicos con un contratista para comprar un predio no contemplado en el proyecto social.
Un juez de conocimiento profirió sentencia condenatoria de ocho años de prisión en contra del exalcalde de Ciénaga (Magdalena), Luis Alberto Tete Samper, tras hallar responsabilidades penales en el manejo de recursos públicos destinados a la infancia y al medio ambiente. La decisión judicial dispuso que la medida privativa de la libertad se cumpla bajo la modalidad de detención domiciliaria.
La investigación penal demostró que el exfuncionario cometió irregularidades en la fase de ejecución contractual de un convenio de asociación firmado el 30 de noviembre de 2015. La alianza, presupuestada en $723 millones de pesos, tenía como objetivo central ejecutar planes de mejoramiento nutricional para los niños del municipio e impulsar proyectos de recuperación ambiental local.
Dentro del mismo proceso, la justicia impuso una pena de seis años y cuatro meses de cárcel a un contratista privado que actuó como contraparte en la firma del convenio. Al igual que el exalcalde, el implicado fue hallado culpable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y recibió el beneficio de prisión domiciliaria.
El eje central de la ilegalidad radicó en la destinación de $560 millones de pesos del total del presupuesto para la adquisición de un inmueble. Dicha compra representó más del 75 % del dinero del proyecto sin estar justificada en los estudios previos, carecer de sustento en el objeto contractual y no contar con la autorización del Concejo Municipal.
Como consecuencia directa de la compra del bien raíz, la atención de la población infantil y los trabajos ecológicos sufrieron un drástico recorte presupuestal. De los $723 millones de pesos asignados originalmente, únicamente $163 millones de pesos se ejecutaron en las actividades sociales y ambientales para las cuales fue creado el convenio.
El ente acusador probó la violación sistemática de los principios de la contratación estatal, vulnerando preceptos de planeación, transparencia, legalidad, publicidad y selección objetiva. Asimismo, las auditorías detectaron vacíos documentales graves, como la falta de informes de supervisión de interventoría, actas de entrega final y la liquidación formal del contrato.
La captura de ambos procesados fue materializada por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en vía pública del barrio Centro de Ciénaga. El procedimiento judicial aclaró los rumores sobre la detención previa del exmandatario y dio efectividad a la condena emitida por el despacho judicial.
Por tratarse de un fallo emitido en primera instancia, la defensa de los condenados y la representación legal procesal disponen de las herramientas de ley para apelar la decisión. El expediente pasará a revisión de un superior jerárquico para confirmar, modificar o revocar las penas impuestas.
