El exrepresentante a la Cámara confirmó que acatará el requerimiento oficial de devolver vehículos y escoltas asignados por el Gobierno.
El excongresista Miguel Polo Polo se alista para formalizar la restitución del esquema de protección institucional que le fue adjudicado durante su ejercicio en el Capitolio. La medida obedece al trámite administrativo ordinario activado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras la culminación de su periodo legislativo en la corporación.
Pese a confirmar que acatará la disposición oficial para la devolución de los automotores y el personal de escoltas, el exparlamentario emitió un vehemente pronunciamiento público respecto a los riesgos que asegura enfrentar. A través de sus canales digitales, responsabilizó de forma directa a la jefatura de Estado y a la dirección de la entidad encargada del resguardo por las eventuales consecuencias sobre su vida.
En su mensaje público, el expolítico advirtió: “Si algo llega a ocurrir contra mi vida o mi integridad, los responsables políticos serán Gustavo Petro y el director de la UNP”. Con estas palabras, dejó constancia de su malestar tras el requerimiento formal de la entidad estatal para la entrega inmediata de sus equipos de resguardo.
De igual manera, el exrepresentante argumentó que la asignación de estas garantías no estuvo supeditada únicamente a su investidura en el Congreso, sino a valoraciones de seguridad previas. Según expuso, las dependencias competentes catalogaron oportunamente su condición bajo un nivel de riesgo extraordinario producto de recurrentes intimidaciones ejercidas por su posición de oposición política.
Sobre la continuidad del peligro que afirma correr, sostuvo: “Mi esquema no nació por ser congresista (…), las amenazas en mi contra han dado lugar a procesos penales con imputaciones en la Fiscalía”. Asimismo, el exfuncionario precisó que actualmente existen 17 denuncias en trámite impulsadas por su equipo jurídico frente a estos hechos.
Las declaraciones reavivan los choques mantenidos por el exparlamentario con la administración central y las directivas de la UNP durante su paso por la Cámara. En pasadas oportunidades, el político cuestionó los criterios de distribución del personal de custodia, señalando presuntas demoras operativas en la entrega de dotaciones y supuestos sesgos en la evaluación de esquemas para los sectores opositores.
El retiro de las medidas de amparo se produce tras el término de la legislatura 2022-2026, periodo en el que ocupó una de las circunscripciones especiales del poder legislativo. Con la pérdida del fuero y la vacancia del cargo, la normativa interna de la UNP establece la revisión técnica y eventual suspensión de los recursos de protección estatales.
Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección no ha emitido comunicaciones oficiales en respuesta a los señalamientos expresados por el exfuncionario ni ha especificado si se adelantará un nuevo estudio técnico de seguridad para evaluar su caso en condición de ciudadano particular.
Por su parte, la Casa de Nariño se ha mantenido al margen de las imputaciones políticas formuladas por Polo Polo, mientras los entes investigativos avanzan en el trámite de las denuncias penales radicadas previamente por el excongresista para determinar el origen de las amedrentaciones.
