Una investigación interna busca esclarecer el paradero inicial del dinero y la legalidad del procedimiento.
Un operativo de control rutinario en el barrio Garagoa desencadenó un escándalo institucional luego de que un ciudadano reportara la pérdida de $23.400.000 tras ser requisado y trasladado bajo custodia. La suma correspondía al recaudo de un corresponsal bancario en Gaira y estaba destinada a ser consignada.
La gravedad del señalamiento público, que involucraba de manera directa a los patrulleros que custodiaron al afectado hasta el CAI de Mamatoco, provocó una inmediata ola de indignación en las plataformas digitales de la capital del Magdalena. Ante la presión generada por la viralización del caso, el dinero fue restituido por completo a sus propietarios en circunstancias que ahora están bajo la lupa.
De la requisa al CAI de Mamatoco
El afectado explicó que la retención ocurrió por la noche, momento en el cual los agentes confiscaron sus teléfonos móviles y el bolso que contenía los fajos de billetes. Al arribar a la infraestructura policial, se le permitió contactar a sus familiares para que presentaran los soportes contables que acreditaban el origen legal de la actividad comercial.
Pese a que la documentación aportada por su hermana demostraba la transparencia de los fondos, la sorpresa llegó al momento de recibir las pertenencias incautadas para abandonar las instalaciones. El bolso y los dispositivos móviles fueron entregados a su dueño, pero el efectivo reportado originalmente no se encontraba dentro del inventario devuelto.
La recriminación del afectado dentro de la sede policial obtuvo como respuesta inicial que en el sitio no se había manipulado ninguna suma de dinero. Los uniformados presentes argumentaron que no existían registros de dicho capital, minimizando el reclamo a una disputa verbal sin evidencias físicas inmediatas.
Presión social y apoyo ciudadano
La tensión en la sede policial escaló rápidamente cuando una página informativa local inició una transmisión en vivo para registrar los reclamos de la familia afectada. El video, difundido en tiempo real a través de redes sociales, expuso de manera pública los detalles del procedimiento y la aparente desaparición del dinero.
A raíz de la masiva difusión del material audiovisual, decenas de ciudadanos se enteraron de lo sucedido y decidieron trasladarse por su cuenta hasta las afueras del CAI de Mamatoco. Los habitantes llegaron al lugar con el fin de manifestar su respaldo a los comerciantes y exigir transparencia a las autoridades presentes.
Esta movilización de la comunidad, sumada al revuelo digital, forzó un cambio drástico en la atención del incidente por parte de los involucrados durante esa misma jornada. Carolina, dueña del establecimiento, confirmó posteriormente la recuperación total de los $23.400.000, atribuyendo el resultado a la visibilidad que obtuvo el reclamo.
Restitución y pesquisa institucional
Sin embargo, la entrega de los recursos estuvo sujeta a la condición expresa de que los afectados se abstuvieran de formalizar denuncias penales o disciplinarias. La comerciante optó por aceptar el trato para salvaguardar su patrimonio y dar por superado el amargo incidente desde el ámbito personal.
A pesar de este acuerdo informal de silencio, la opacidad del procedimiento encendió las alarmas de los entes de control, por lo que la oficina de asuntos disciplinarios mantiene el expediente abierto. Las indagaciones avanzan de oficio para determinar bajo qué figura se retuvo el dinero y por qué no se registró en las actas correspondientes.
Como primera medida contundente, se conoció por parte de las víctimas que los uniformados que llevaron a cabo la requisa habrían sido retirados de sus cargos. El caso está siendo asumido por personal de la SIPOL, cuya misión es esclarecer de manera interna la línea de tiempo del operativo y dictaminar responsabilidades individuales.
