El Ejecutivo busca sustituir la producción exportadora por opciones de menor consumo hídrico, mientras los productores alertan sobre el impacto en la estabilidad económica regional.
El debate sobre la gestión de los recursos hídricos en el norte de Colombia dio un giro radical tras la reciente propuesta presidencial de intervenir la producción agrícola tradicional. La iniciativa busca reconfigurar el uso de la tierra en las zonas de mayor explotación agraria para desviar caudales hacia los sistemas de acueducto comunitarios.
Esta postura oficial generó una reacción inmediata en el sector productivo del departamento del Magdalena, donde la economía local depende estrechamente de los mercados internacionales. El gremio de cultivadores advierte que modificar las áreas de siembra vigentes desataría un problema social severo sin corregir las fallas reales de abastecimiento.
El planteamiento presidencial desde el territorio
Durante un encuentro con comunidades locales y pescadores en el municipio de Ciénaga, el presidente Gustavo Petro argumentó que el modelo agroindustrial actual extrae volúmenes excesivos de las cuencas que descienden de la Sierra Nevada, privando a los ciudadanos del consumo básico.
El mandatario criticó las políticas de administraciones anteriores por dar prioridad a las dinámicas de comercio exterior sobre el bienestar de la población local. Bajo esta premisa, el jefe de Estado sugirió que los despachos hacia los mercados globales equivalen a transferir los recursos hídricos escasos del territorio hacia otras naciones.
“Hay demasiadas plantaciones de banano y por ello hay que recortar esa plantación, ese volumen de banano, de tal manera que fluya el agua hasta aquí, para el servicio del ser humano, porque la prioridad es el ser humano, después los negocios”, aseguró el presidente Gustavo Petro.
Diagnóstico oficial sobre la crisis hídrica regional
El análisis de la Casa de Nariño sostiene que los grandes cuerpos cenagosos del norte del país sufren un proceso de desecación acelerado. Para el Ejecutivo, este fenómeno no responde únicamente a las variaciones climáticas globales, sino también a la retención de caudales por parte de los complejos agrícolas privados.
Asimismo, la agenda gubernamental mantiene bajo revisión los esquemas de suministro para los centros urbanos de la región, incluyendo los proyectos de infraestructura para Santa Marta. La estrategia busca que el Ministerio de Ambiente establezca directrices estrictas para ordenar el territorio y recuperar los espacios naturales de los ríos.
La defensa del tejido socioeconómico regional
La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) se opuso de forma categórica al planteamiento del mandatario, calificando de equuívoco el diagnóstico técnico emitido. La organización señaló que la actividad genera el 9,4% del empleo formal en el Magdalena, sustentando de forma directa a más de 18.000 familias y dinamizando las finanzas locales con 800.000 millones de pesos anuales en salarios.
El representante gremial, José Francisco Zúñiga, enfatizó que una restricción a las áreas de cultivo golpearía de manera directa a una red de 500 pequeños productores, así como a transportadores, técnicos y empacadores que dependen por completo de la estabilidad de esta cadena comercial.
“Compartimos plenamente la necesidad urgente de garantizar agua potable para las comunidades del Caribe colombiano. Sin embargo, señalar al sector bananero como responsable de esta problemática y plantear la reducción de la producción como solución resulta técnicamente equivocado”, afirmó José Francisco Zúñiga, vocero de Asbama.
Infraestructura y tecnología como vías alternas
Los productores del agro defendieron sus inversiones en tecnologías de alta eficiencia, tales como sistemas de riego por goteo, microaspersión y sensores meteorológicos diseñados para minimizar el impacto ambiental. Adicionalmente, destacaron su participación en plataformas de custodia para los municipios y sectores como Río Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación.
Para el sector privado, la solución definitiva a la escasez hídrica del Caribe no radica en desmantelar las industrias productivas, sino en resolver fallas institucionales históricas mediante la construcción de reservorios, la modernización de los distritos de riego y la optimización de las redes de acueducto por parte del Estado.
