Más de 5 años de casa por cárcel para hijo de Diomedes Díaz tras secuestrar y torturar a uno de sus cobradores
La Fiscalía reveló que el procesado ordenó retener y agredir físicamente al trabajador por el supuesto extravío de una millonaria suma de dinero.
Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, aceptó su responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura tras pactar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Durante la culminación de la audiencia de imputación, se conoció que el procesado admitió los hechos investigados junto a los otros cinco hombres implicados en el caso.
Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz son las identidades de las demás personas que se sometieron a la negociación con el ente acusador. Los seis ciudadanos aceptaron los cargos imputados por el fiscal delegado ante los jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, con el fin de finalizar de forma anticipada el proceso judicial.
Tasación jurídica y rebaja de pena
La condena acordada entre las partes se fijó en 70 meses de prisión, equivalente a cinco años y diez meses de privación de la libertad. La Fiscalía explicó que el cálculo de la sanción partió de la pena mínima de 128 meses por el secuestro simple, sumando 12 meses adicionales por el delito de tortura, para un consolidado inicial de 140 meses de prisión.
Debido a que los procesados se acogieron al mecanismo del preacuerdo en la etapa procesal de formulación de la imputación, la legislación colombiana permitió aplicar un beneficio de reducción de la pena del 50 %. La Fiscalía solicitó formalmente a la judicatura que esta sanción definitiva sea cumplida bajo la medida de detención domiciliaria para la totalidad de los implicados.
La concesión de este beneficio estuvo sustentada en los compromisos de reparación integral alcanzados directamente entre los investigados y el afectado. El pacto incluyó la devolución de tres millones de pesos que la familia había entregado, una indemnización económica complementaria cercana a los de diez millones de pesos y un acuerdo formal de no repetición.
Origen de la retención y agresiones
El caso que originó la investigación judicial penal ocurrió a partir del 23 de agosto de 2025, cuando el ciudadano Carlos Alfredo Mejía Vargas fue retenido en contra de su voluntad. La víctima se desempeñaba como cobrador para una empresa informal de préstamos denominada Soluciones Mano a Mano, la cual estaba presuntamente bajo la dirección de Díaz González.
La retención violenta del trabajador se desencadenó tras reportarse un faltante de dinero perteneciente a los recaudos de los cobros informales, suma estimada por el ente acusador entre los 15 y 30 millones de pesos. Un grupo de personas armadas, movilizadas en motocicletas, sacó por la fuerza a Mejía Vargas de su vivienda en el barrio Ciudad Modesto de Barranquilla.
El afectado fue trasladado hasta un inmueble ubicado en el sector de Las Granjas, donde permaneció sometido a agresiones físicas y psicológicas durante cerca de 11 horas continuas. Los captores ejercieron violencia física con elementos contundentes y armas cortopunzantes con la finalidad de forzarlo a confesar y responder por el capital extraviado.
Presión familiar y control del hecho
Durante la sesión de agresiones físicas, uno de los procesados, identificado como Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, inmovilizó la mano del cobrador y la atravesó con una navaja sobre una tabla. Mientras persistía el cautiverio, los involucrados se comunicaron con el núcleo familiar del retenido para exigirles dinero en efectivo a cambio de su supervivencia.
Ante la manifestación familiar de no poseer la suma económica inicial requerida de 15 millones de pesos, las exigencias de la red delincuencial se modificaron hacia requerimientos patrimoniales directos. Los captores presionaron para que se les realizara el traspaso legal mediante escrituras públicas de un inmueble residencial perteneciente a los parientes de la víctima.
Según las autoridades, Luis Mariano Díaz González arribó con posterioridad al inmueble de Soledad donde se desarrollaba la retención ilegal para asumir de manera personal el control del escenario delictivo. La Fiscalía constató que el hijo del artista propinó golpes a la víctima en la cabeza utilizando la cacha de un arma de fuego mientras mantenía las exigencias sobre los dineros.
La valoración realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó para el ciudadano afectado una incapacidad provisional inicial de 20 días producto de las múltiples lesiones corporales. El próximo lunes se reanudará el trámite en el estrado de la jueza Shiela Ortega, quien efectuará el control de legalidad antes de remitir la actuación a un juez de conocimiento.