La red criminal utilizaba perfiles de personas fallecidas para cobrar altas sumas en dólares y dotar de documentos auténticos a ciudadanos extranjeros.
Una funcionaria activa de la Registraduría de Fundación, Magdalena, dos exservidores de la misma entidad y un guardia de seguridad fueron presentados ante las autoridades judiciales tras ser señalados de estructurar un sofisticado entramado de corrupción. La organización se dedicaba a falsificar el estado civil y la nacionalidad de migrantes provenientes de Venezuela y República Dominicana para facilitar su libre circulación y salida hacia el exterior.
Las capturas de los presuntos implicados se materializaron mediante operativos conjuntos ejecutados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos (HSI), el Ejército Nacional y Migración Colombia en Santa Marta y el municipio de Fundación. Tras las audiencias, un juez de control de garantías impuso detención domiciliaria a dos de los investigados, mientras que los demás seguirán vinculados al proceso judicial en libertad.
Suplantación de identidades y tarifas delictivas
De acuerdo con el expediente penal estructurado por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, los procesados “habrían ingresado información fraudulenta a los sistemas oficiales y autorizado novedades, entre otras irregularidades soportadas con formularios que contenían datos espurios y cartas de respaldo que, en algunos casos, correspondían a nacionales fallecidos”. Con esta modalidad, los delincuentes lograban ‘reciclar’ las identidades de ciudadanos colombianos muertos para darles soporte legal a los extranjeros.
La investigación evidenció que las maniobras delictivas se aplicaron en al menos 20 eventos específicos plenamente documentados por los agentes judiciales. Los funcionarios y exfuncionarios aprovechaban su acceso directo y privilegiado a las bases de datos del sistema estatal de identificación para tramitar de forma irregular registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía originales con datos alterados.
Los cobros asignados para cada trámite ilegal oscilaban entre los 1.200 y los 1.500 dólares por persona, tarifas que dependían de la complejidad documental requerida por cada solicitante. Este dinero les garantizaba a los extranjeros no solo la seguridad de evadir los controles migratorios internos, sino la posibilidad de iniciar procesos formales ante la Cancillería.
Al obtener los documentos fraudulentos, los migrantes radicaban solicitudes de pasaportes oficiales para abandonar el territorio colombiano simulando ser nacionales. “Los documentos expedidos les permitieron a los migrantes transitar con libertad por el país y obtener pasaportes para salir como si fueran ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos, México y países de Europa”, detalló el ente acusador sobre el alcance de las maniobras.
Roles de los implicados y cargos formulados
Los procesados por estos hechos fueron identificados por la justicia como Milena Sanjuanelo Castiblanco, funcionaria con cargo activo en la sede de Fundación; Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo, exservidores de la institución; además de Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, quien ejercía labores de vigilancia privada en el recinto oficial.
Durante el desarrollo de las diligencias concentradas, el fiscal a cargo del caso les imputó formalmente los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Sin embargo, en el uso de sus derechos legales, ninguno de los cuatro implicados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Frente a la gravedad de las conductas y la recolección de evidencias, el administrador de justicia ordenó que Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo cumplan de manera inmediata con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Los demás imputados afrontarán las siguientes etapas procesales sin restricción de la libertad.
El golpe judicial pone bajo la lupa la vulnerabilidad de las bases de datos de la Registraduría Nacional en el Caribe colombiano, donde organizaciones dedicadas al tráfico humano instrumentalizan la institucionalidad pública para abrir rutas irregulares hacia Norteamérica y el Viejo Continente. Las autoridades migratorias mantienen abiertas las líneas de investigación para detectar otros posibles focos de corrupción bajo esta misma modalidad.
Cooperación internacional y controles migratorios
Teniendo en cuenta el impacto de la red transnacional desmantelada, las agencias de inteligencia extranjeras continúan rastreando los pasaportes emitidos bajo este esquema delictivo para coordinar las respectivas alertas de deportación en los aeropuertos internacionales de destino. La Fiscalía enfatizó que el caso continuará desarrollándose bajo el respeto estricto al debido proceso.
El cierre de esta primera fase operativa mitiga una de las modalidades más complejas de fraude de identidad detectadas recientemente en la región de Magdalena, permitiendo blindar de forma parcial el sistema de registro civil frente a las mafias que lucran con la vulnerabilidad de la población migrante.
