El mandatario recurrirá a las vías legales para controvertir decisiones que suspenden medidas clave en lucha contra el narcotráfico.
Durante su alocución del domingo 13 de septiembre, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que acudirá a los mecanismos legales para controvertir los fallos que han frenado decisiones de su administración. El mandatario señaló que estas decisiones afectan las competencias de su Gobierno en seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico.
Entre las medidas suspendidas temporalmente por juzgados mediante tutela se encuentran los bombardeos en zonas con posible presencia de menores, el plan piloto para la fumigación aérea con glufosinato de amonio en Putumayo y la difusión en redes oficiales de publicaciones donde el mandatario aparecía caminando entre cuerpos de integrantes de grupos armados abatidos.
Sobre las decisiones que limitan las operaciones militares por el uso de menores en campamentos, el mandatario fue enfático respecto al impacto que esto genera en las estrategias de la Fuerza Pública. “Un niño reclutado es una víctima, un secuestrado. El Estado tiene frente a él una obligación reinforced de protección y nuestra fuerza pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad. Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños”, sostuvo De la Espriella.
Asimismo, cuestionó la interferencia de los fallos en la dirección del Estado y la protección del orden público. “Una cosa es el control judicial y otra muy distinta es sustituir al Gobierno, al Presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”, afirmó, agregando que “las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, pero “respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirla por las vías que establece la Constitución y la ley”.
Respecto a la reanudación de la aspersión de cultivos de uso ilícito, el jefe de Estado defendió las facultades que le otorga la Carta Magna. “Cualquier decisión de este Gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario. Cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho debe hacerse”, pero remarcó que “la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”.
Frente a este panorama, el Gobierno dio instrucciones a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para intervenir ante las autoridades de la rama judicial. “He dado instrucciones para que la Defensa Jurídica del Estado actúe con firmeza. No voy a convertir esto en una pelea del Presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional”, aseveró el mandatario.
Adicionalmente, la administración gubernamental avanza en una propuesta para modificar el trámite de las tutelas interpuestas contra la figura del Presidente, buscando que estas sean conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado. Con estas acciones jurídicas, De la Espriella reiteró que buscará mantener las competencias operacionales de su administración en todo el territorio nacional.
