Familias que resultaron afectadas por la emergencia sísmica fueron retiradas mediante un operativo de la fuerza pública en la capital de Risaralda.
El retiro de los ciudadanos que perdieron su techo tras el sismo del 10 de agosto se llevó a cabo en la carretera que conecta a Combia con Marsella, en la jurisdicción de Pereira. El procedimiento de desalojo sobre el espacio donde la comunidad había improvisado un albergue estuvo respaldado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), efectivos del Ejército Nacional y la Policía.
Grabaciones compartidas en entornos digitales mostraron el desarrollo de la diligencia. Los afectados señalaron la ocurrencia de agresiones físicas, capturas al parecer injustificadas, la pérdida de equipos móviles y acciones violentas directedas a un ciudadano en condición de discapacidad.
Sobre lo sucedido, Gustavo Petro reaccionó al hecho a través de X expresando: “No señores a la víctimas del terremoto se les entrega ayuda y reparación no golpes ni bolillo policial. ¿Esta era la democracia que defendían los electores reales de Abelardo?”.
Desde el escenario parlamentario, la congresista Carolina Corcho, de la bancada del Pacto Histórico, trasladó el debate al Congreso. La legisladora rechazó la salida forzada de 30 núcleos familiares del recinto provisional, catalogó la acción policial como una revictimización e instó a brindar soluciones habitacionales inmediatas a la población perjudicada.
Esta intervención se dio en un contexto de profunda vulnerabilidad para el municipio risaraldense. De acuerdo con balances de la Alcaldía, el movimiento telúrico causó estragos en más de 35.000 inmuebles y dejó cerca de 120.000 damnificados. Para el 26 de agosto, únicamente 1.117 personas contaban con cupo dentro de los ocho refugios habilitados por la administración.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo manifestó preocupación por la presencia constante de niños, niñas y adolescentes en alojamientos informales ante la falta de capacidad institucional. El órgano de control enfatizó que todo traslado debe concertarse previamente mediante vías de diálogo y sensibilización de riesgos, garantizando un reasentamiento adecuado antes de emplear mecanismos de fuerza.
