Medicina Legal confirmó que entre los diez abatidos en el operativo aéreo ejecutado en El Retorno se encontraban adolescentes reclutados por la estructura criminal.
La madrugada del pasado 27 de agosto, las Fuerzas Militares desplegaron la Operación Amón en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, ejecutando un ataque aéreo de gran escala contra un campamento del Bloque Jorge Suárez Briceño. La acción militar, dirigida contra la facción disidente de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’, dejó un saldo inicial de diez personas muertas en el lugar.
Tras la llegada de las tropas en tierra para asegurar la zona de combate y rescatar los cuerpos, las víctimas fueron trasladadas a las sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal en Florencia y Villavicencio. Los peritajes forenses permitieron identificar a nueve de los fallecidos —cinco hombres y cuatro mujeres—, confirmando que tres de las víctimas mortales eran menores de edad de 15 y 16 años.
Desde el Ministerio de Defensa y la cúpula militar defensora del operativo se argumentó que el bombardeo cumplió rigurosamente con los parámetros del Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de un objetivo militar donde los combatientes se encontraban en función activa de hostilidades. El Gobierno responsabilizó categóricamente a las disidencias por el crimen de guerra que representa el reclutamiento e instrumentalización de adolescentes.
En contraste, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por el uso de armamento pesado en zonas con presencia de menores. Los colectivos señalaron que el Estado tiene la obligación de aplicar principios de doble cautela y prevención para abstenerse de bombardear cuando se presuma la existencia de población infantil o víctima de reclutamiento forzado en los campamentos.
El proceso forense continúa concentrado en el décimo cuerpo, el cual permanece sin identificar debido al grave estado de destrucción en que quedó tras las explosiones. Los investigadores analizan si los restos corresponden a alias ‘Urías Perdomo’, un relevante cabecilla militar de la estructura por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 400 millones de pesos.
La incursión representó un despliegue táctico masivo compuesto por 11 aeronaves de la Fuerza Aérea, entre aviones Kfir y Super Tucano. En el sitio del bombardeo, las tropas incautaron un abundante arsenal que incluye 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 cartuchos de munición.
Durante las maniobras de desembarco posteriores al ataque, la tensión en la zona se evidenció cuando un helicóptero del Ejército fue alcanzado por disparos de ráfaga lanzados desde la vegetación por remanentes insurgentes, aunque la nave logró maniobrar y mantener a salvo a toda la tripulación militar.
Este operativo se convierte en la segunda acción aérea autorizada directamente por el presidente Abelardo de la Espriella en sus primeras tres semanas de mandato, marcando la pauta de una ofensiva militar que busca neutralizar a los máximos jefes disidentes y desmantelar sus corredores estratégicos en el sur del país.
