Un proyecto de decreto busca cambiar la forma de contratar en la educación oficial permitiendo la administración externa por hasta doce años.
La ministra de Educación, Viviane Morales, puso en discusión pública un borrador de decreto de 20 páginas para modificar las normas de contratación escolar en Colombia. La propuesta busca redefinir las reglas mediante las cuales las entidades territoriales entregan la gestión y operación de los colegios oficiales a terceros.
La iniciativa se presenta en un momento crítico, pues según reportes oficiales “cerca de 3.000 establecimientos educativos resultaron afectados y 811 quedaron inservibles” tras un reciente terremoto. Esta tragedia reabrió el debate sobre cómo debe responder el Estado frente a las limitaciones de infraestructura.
Cambios en las modalidades de contratación y el rol de las iglesias
El borrador del decreto marca una diferencia entre contratar la “prestación del servicio” y contratar el “apoyo a la administración”. Bajo esta última modalidad, el Ministerio señala que “el tercero apoya la gestión pero la titularidad y responsabilidad siguen en manos de la entidad territorial”.
La norma también autoriza a las secretarías de educación a firmar convenios directos con iglesias o comunidades religiosas. En estos acuerdos, la entidad pública aporta la infraestructura y el personal disponible, mientras la iglesia suministra “apoyo pedagógico y administrativo para la ejecución del Proyecto Educativo Institucional”.
Esta regulación busca que organizaciones privadas asuman la orientación de los planteles sin que el Estado pierda la propiedad de las sedes. Sin embargo, analistas recuerdan que el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 exige que la educación pública debe prestarse a través del sistema oficial y “solo cuando se demuestre insuficiencia o limitaciones puede contratarse con terceros”.
Las entidades privadas o religiosas interesadas en manejar estos colegios deberán acreditar una experiencia mínima de diez años en el sector. Además, el proyecto norma que los contratos de administración podrán firmarse por periodos que van “de dos a doce años, cubriendo así una cohorte educativa completa”.
Nuevas condiciones laborales para los profesores
En el aspecto laboral, la norma establece que el personal vinculado por los operadores privados se regirá por el régimen común. La propuesta especifica que los docentes “serán contratados bajo régimen de derecho privado, sin vínculo laboral público ni acceso a la carrera docente”.
Al quedar bajo este esquema, los maestros trabajarán mediante contratos a término fijo o eventual, lo que reduce las garantías de estabilidad laboral. Asimismo, el texto aclara que estos profesionales quedarán excluidos de los “regímenes de protección, ascenso y derechos colectivos propios del magisterio estatal”.
Aunque el texto prohíbe el uso de cooperativas de trabajo asociado, la medida reabrió la discusión sobre los modelos de concesión. Investigaciones del IDEP concluyeron previamente que “existe evidencia de una eficacia moderada de los modelos de colegios en concesión y las pruebas Saber no permiten concluir que ofrezcan mayor calidad”.
Al finalizar el contrato, el operador deberá entregar todos los bienes al Estado para garantizar la continuidad del servicio. No obstante, la norma aclara de forma explícita que la finalización del periodo “no otorga derecho automático a prórroga para el contratista”.
Reacciones, críticas y reparos constitucionales
Las reacciones frente a la propuesta de la ministra Viviane Morales no se hicieron esperar entre los gremios. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) aseguró que “el proyecto incluye artículos orientados a privatizar la educación pública y facilitar condiciones laborales más precarias para los docentes”.
Por su parte, diversos analistas señalan que crear la figura de “administración” busca evadir los controles legales. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-345 de 2020, ya reiteró que “la insuficiencia constituye el presupuesto para aplicar la excepción” de contratar con privados.
Desde el gremio de educadores agregaron que la reforma del Ejecutivo “podría entrar en conflicto con principios constitucionales como la universalidad, gratuidad, progresividad, carrera docente y laicidad estatal”. Por ello, advierten que un cambio de esta magnitud requiere un debate en el Congreso y no un decreto reglamentario.
El Ministerio sostiene que la contratación con terceros mantendrá el principio de “reducción progresiva para eliminar la contratación externa cuando se supere la insuficiencia”. Sin embargo, sectores críticos insisten en que la prioridad nacional debe ser la reconstrucción de las escuelas destruidas por el sismo.
