El Ejército recuperó el control del corregimiento de Ortega mientras decenas de familias resultaron confinadas y desplazadas.

Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional lograron retomar la presencia institucional en el corregimiento de Ortega y sus veredas aledañas, en el municipio de Cajibío, Cauca, tras varias jornadas de intensos enfrentamientos contra la estructura Jaime Martínez de las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central. Las operaciones de registro y control militar en el centro poblado permitieron neutralizar el asedio de la organización armada ilegal y restablecer las condiciones de seguridad en la región tras días de confrontación sostenida.

El balance reportado por las autoridades militares confirmó que durante los choques armados 12 integrantes del Ejército y seis ciudadanos particulares sufrieron lesiones por esquirlas, debiendo ser evacuados hacia centros hospitalarios en Popayán. La contraofensiva gubernamental incluyó la llegada de refuerzos por vía aérea, apoyo de aeronaves de combate y la implementación de sistemas de inhibición electrónica para frenar las acciones del grupo disidente.

Emergencia humanitaria por uso de dispositivos tecnológicos

Las incursiones de la estructura armada al mando de alias ‘Jairo Ramírez’ estuvieron caracterizadas por el empleo masivo de enjambres de drones cargados con artefactos explosivos dirigidos contra las posiciones de la fuerza pública. Esta modalidad de ataque generó daños en los alrededores del caserío y obligó a las familias a resguardarse en el interior de sus viviendas y salones comunitarios para proteger sus vidas.

Según reportó Caracol Radio, uno de estos ataques con explosivos dejó herida a una menor de edad, quien recibió atención de primeros auxilios por parte de enfermeros de combate antes de ser evacuada en un helicóptero hacia un centro asistencial en la capital del departamento. El mismo medio confirmó que la población denunció la continuidad de los ataques y el temor constante ante la presencia de los actores armados.

Por su parte, la institución militar alertó que los integrantes de la facción disidente habrían utilizado viviendas particulares e instalaciones educativas como trincheras para disparar hacia las tropas. Esta situación fue catalogada por las autoridades como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario al poner en riesgo directo a la población no combatiente.

Desplazamiento masivo de pobladores rurales

La persistencia del fuego cruzado obligó a más de 300 habitantes del corregimiento de Ortega a abandonar sus hogares para buscar protección en la vereda Liberia, ubicada en el resguardo indígena de Chimborazo, jurisdicción del municipio de Morales. Los desplazados llegaron a esa zona solicitando asistencia médica inmediata y la apertura de un corredor humanitario para suplir sus necesidades básicas.

Simultáneamente, más de 600 personas permanecieron en condición de confinamiento en las veredas La Isla, La Diana, El Edén, La Laguna, El Carrizal, Palma Chaux y El Jordán. Las restricciones a la movilidad impidieron que las familias campesinas pudieran abastecerse de alimentos o acceder a servicios de salud esenciales en medio de las hostilidades.

Frente al deterioro de la situación de orden público, un grupo de pobladores se desplazó hasta las instalaciones del Cantón Militar José Hilario López en Popayán para manifestarse y exigir garantías de seguridad. Los voceros de la comunidad solicitaron la permanencia indefinida de las tropas para evitar el retorno de los grupos ilegales a la zona.

Acciones e intervenciones de los organismos del Estado

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento urgente exigiendo el respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, haciendo un llamado directo a las partes: “El respeto por el derecho internacional humanitario y la protección de la población civil son fundamentales frente a la persistencia de las hostilidades en el territorio”. Asimismo, frente al presunto secuestro de tres ciudadanos en los corregimientos de Ortega y Chaux, el organismo humanitario sostuvo que “toda persona privada de la libertad en relación con el conflicto armado debe recibir un trato humano y que la toma de rehenes está prohibida por el DIH”.

A su vez, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó la intervención urgente del Gobierno Nacional mediante la convocatoria de un consejo de seguridad con los ministerios del Interior y de Defensa. El mandatario departamental enfatizó que la comunidad civil no puede continuar asumiendo los impactos del conflicto en los territorios.

Finalmente, el Ejército Nacional ratificó que mantendrá las operaciones de registro y control en el territorio para consolidar la seguridad tras la recuperación del caserío. Las autoridades señalaron que las verificaciones continúan para descartar nuevos riesgos por la presencia de dispositivos explosivos en los caminos veredales.