El contingente mexicano permanece preparado en su país mientras continúan los despachos de ayuda humanitaria hacia el territorio colombiano.
El Gobierno de Colombia no autorizó el despliegue del contingente especializado de búsqueda y rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México para apoyar en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4. La medida obedeció a requerimientos normativos sobre las acreditaciones de los equipos extranjeros en estructuras colapsadas, según se confirmó durante la jornada en el balance de atención de la emergencia.
A pesar de la restricción fijada para el personal de salvamento militar, la recepción de asistencia logística enviada por el país norteamericano no sufrió interrupciones. Las autoridades de ambas naciones mantuvieron la coordinación para el traslado de cargamentos con víveres, agua potable e insumos médicos destinados a la atención inmediata de las poblaciones damnificadas en la zona del desastre.
Aclaración de la Presidencia de México sobre el despliegue operativo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rectificó en su conferencia matutina las informaciones iniciales que daban por hecho el arribo del personal militar a suelo colombiano. La mandataria explicó que el grupo de rescate del Ejército no pudo despegar debido a la solicitud de requisitos adicionales planteados por las autoridades del país suramericano para permitir el ingreso de la comisión técnica.
Durante su intervención, la jefa de Estado mexicana detalló la situación de la brigada y la postura de su administración frente a las exigencias operativas:
“Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación”.
De igual manera, Sheinbaum remarcó la trayectoria del contingente señalando que “han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”, al tiempo que reiteró que el personal especializado de la Sedena permanece concentrado y disponible para desplazarse en caso de que el Gobierno colombiano modifique la directriz de acceso.
Estándares internacionales INSARAG y marco de clasificación USAR
La exigencia establecida por el Gobierno del nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella se enmarca en los protocolos del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), red adscrita a las Naciones Unidas que define las pautas técnicas para intervenciones en desastres. Este organismo aplica la Clasificación Externa de INSARAG (IEC), un procedimiento de evaluación independiente sobre las capacidades operativas y logísticas de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).
Las directrices estipulan que la acreditación IEC se otorga a unidades operativas específicas y no de forma generalizada a una nación. Por este motivo, la administración receptora fundamentó la restricción en la verificación estricta de las listas del directorio internacional para la coordinación en terreno, permitiendo hasta el momento el acceso de comitivas de países como Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador.
Despacho de ayuda humanitaria e itinerario de aeronaves
Pese a la falta de aval para el contingente de rescate, las operaciones de transporte de suministros se desarrollaron mediante el uso de aeronaves militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana. Los vuelos programados incluyeron el despacho de 58,5 toneladas de asistencia compuestas por paquetes de alimentos, agua embotellada y material médico de curación canalizados a través de la Cancillería.
En el trayecto de retorno, una de las aeronaves militares trasladó desde Colombia a 36 ciudadanos mexicanos que se encontraban en condición de vulnerabilidad tras el evento sísmico. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que los repatriados llegaron a su país de origen en adecuado estado de salud y bajo la atención de los organismos gubernamentales.
Afectaciones por el sismo y panorama institucional
El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto dejó un saldo preliminar de 265 personas fallecidas, cerca de 500 desaparecidos, más de 3.700 heridos y cerca de 9.500 viviendas destruidas. Las principales afectaciones se concentraron en los departamentos del occidente colombiano y el Eje Cafetero, registrando además impactos en la infraestructura vial y en la logística de exportación hacia los puertos del Pacífico.
Ante la magnitud de los daños, el Gobierno Nacional decretó el estado de emergencia económica para financiar la reconstrucción de infraestructura pública y viviendas. Mientras se cumplen los lapsos críticos de búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros, la administración central sostiene que las capacidades de los equipos locales coordinan la respuesta, condicionando la recepción de especialistas extranjeros a las normas de certificación vigentes.
