El rescate en zonas afectadas enfrenta falta de personal e instrumental experto, mientras sectores de oposición cuestionan la respuesta del presidente y la falta de empalme tras el terremoto.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella rehusó autorizar el ingreso de equipos especializados de búsqueda y salvamento procedentes de México, Brasil, Chile, El Salvador, España y China, argumentando que las entidades estatales y los organismos de atención de emergencias colombianos se encuentran desplegados para afrontar el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto. La determinación oficial mantiene congelado el arribo de cientos de especialistas internacionales, a pesar de que el personal de rescate nacional, la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos se han quedado cortos ante la magnitud del colapso estructural en el occidente de Colombia.
En ciudades severamente afectadas como Cali, Pereira y Quibdó, la escasez de rescatistas y de equipos especializados obligó a grupos de habitantes a ponerse cascos y guantes para organizarse de manera empírica y remover escombros con sus propias manos en busca de sobrevivientes. Sin embargo, en contraste directo con la negativa impuesta a las delegaciones latinoamericanas, europeas y asiáticas, rescatistas de la organización israelí ZAKA International ya hacen presencia en territorio nacional instalando puntos de acopio y centros de coordinación en Cali, Pereira y el Chocó, tras la confirmación de la comunidad judía local.
Anuncio de recorte del estado y la suspensión del empalme gubernamental
La crisis provocada por el sismo reactivó la controversia sobre las propuestas de campaña formuladas por el hoy mandatario de ultraderecha Abelardo de la Espriella, en las cuales anunció un drástico recorte del aparato estatal que incluiría la reestructuración o eventual eliminación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La emergencia sísmica evidencia la necesidad crítica de la entidad pública encargada de orientar, coordinar y planear las acciones estatales para la prevención y reducción del riesgo en el país.
Diversos sectores políticos y analistas señalan que la decisión del Ejecutivo de suspender el proceso de empalme con el gobierno saliente ha derivado en vacíos operativos e improvisación en la gestión de la catástrofe. La falta de empalme formal ha obstaculizado la continuidad de los protocolos de atención a emergencias y la articulación técnica entre el Gobierno, las Fuerzas Militares y los organismos territoriales de socorro.
Restricción de personal técnico e inacción ante ofertas internacionales
La llegada de la brigada de socorristas israelíes a las zonas afectadas contrasta con las propuestas de asistencia técnica de la región que permanecen sin respuesta diplomática. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que el ‘Agrupamiento Cali’, conformado por 255 efectivos militares y especialistas en estructuras colapsadas, continúa a la espera de la solicitud formal requerida para su despegue.
“Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia, pero estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar”.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconfirmó que la Administración colombiana declinó el envío de personal técnico y médico, restringiendo la ayuda externa a la recepción de víveres, pañales y bienes materiales para las familias afectadas.
Las restricciones aplicadas por el Ejecutivo también motivaron pronunciamientos del embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, quien solicitó públicamente la designación de un enlace oficial para coordinar el despliegue de la asistencia humanitaria preparada por su país tras varias horas sin interlocución institucional.
Reacciones multilaterales y reclamos parlamentarios por la conducción de la crisis
Las declaraciones de mandatarios como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Keiko Fujimori de Perú ratificaron la disposición de sus equipos técnicos para desplazarse a Colombia una vez la Cancillería expida las autorizaciones correspondientes. En esa misma línea, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), a través de Jens Laerke, reiteró su preparación para actuar apenas exista una petición formal.
“Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos”.
En el plano parlamentario, legisladores de la oposición vincularon las demoras en la autorización de personal externo y la desarticulación institucional con la falta de preparación operativa e ideologización en el manejo de la tragedia por parte del nuevo Gobierno.
La representante a la Cámara Mafe Carrascal instó al presidente de la República a expedir las notas diplomáticas requeridas para permitir la entrada de personal socorrista internacional de manera prioritaria.
Asimismo, la senadora María José Pizarro cuestionó el enfoque de las prioridades internacionales de la Casa de Nariño durante la catástrofe y reclamó activar los protocolos diplomáticos institucionales para el ingreso de rescate especializado.
Exigencia de medidas de excepción y balance de la emergencia en el territorio
A los reclamos parlamentarios se sumó la senadora Alejandra Omaña (Amaranta Hank), solicitando atención a los damnificados, mientras la representante Lalis destacó la capacidad operativa de brigadas internacionales como los ‘Topos’ de México.
Ante la complejidad del panorama en las regiones afectadas, el representante David Racero exigió al Poder Ejecutivo decretar la emergencia con el fin de agilizar la entrada de cooperación técnica internacional y la asignación presupuestal.
Los cuestionamientos a la reestructuración estatal y el rechazo de brigadas técnicas se registran en un escenario con cifras preliminares que superan los 180 fallecidos, 195 desaparecidos y miles de lesionados. Mientras las comunidades locales de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó intentan rescatar supervivientes bajo las estructuras destruidas, la gestión gubernamental enfrenta crecientes presiones para reorganizar la coordinación de la ayuda internacional y fortalecer la atención pública ante la calamidad.
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