La decisión judicial obliga al expropietario a aportar mensualidades y asumir costos veterinarios para el bienestar de la mascota.
Un juzgado de familia en Villahermosa, en el estado de Tabasco, México, fijó el pago de una pensión alimentaria en favor de Lucas, un perro de raza husky siberiano de tres años, tras la separación formal del matrimonio de sus dueños. El fallo representa un antecedente jurídico en ese país sobre las obligaciones de manutención hacia los animales de compañía tras un divorcio.
El proceso legal fue impulsado por la expropietaria del canino, conocida como Doña Blanquita, luego de que su expareja rechazara asumir la custodia compartida o contribuir voluntariamente con los gastos del animal. La disolución de la unión conyugal se dio tras 14 años de matrimonio en los que la pareja no tuvo hijos.
La representación legal del caso estuvo a cargo de la abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes, quien asumió la defensa de forma gratuita. La jurista fundamentó la solicitud en el reconocimiento constitucional de las mascotas como seres sintientes con derecho a la cobertura de sus necesidades básicas.
Tras un procedimiento judicial que se extendió por 10 meses, la jueza del caso determinó que el expropietario debe aportar el 3 % de sus ingresos base, monto equivalente a 700 pesos mexicanos mensuales. Adicionalmente, la resolución dictaminó que el demandado debe cubrir el 50 % de los costos en servicios veterinarios.
Los argumentos presentados durante el juicio sustentaron que el perro mantenía una rutina con viajes, atención médica y espacios de esparcimiento compartidos durante la vida marital. Debido a que el costo real de manutención del canino supera los 1.500 pesos mexicanos mensuales, la cuota asignada busca garantizar un respaldo económico parcial a la cuidadora.
El dictamen judicial fue destacado por activistas locales como la coordinadora de la Asociación Protectora de Animales Caninos 911, Gilda Ruiz, quien señaló que la medida sienta un precedente de custodia y manutención para evitar el desamparo de animales domésticos en procesos de separación.
Paralelamente, esa localidad registra un incremento en las acciones penales por agresiones a los animales. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, las denuncias por maltrato pasaron de 34 carpetas de investigación en 2023 a 103 durante el primer semestre de 2026.
Actualmente, el Código Penal de esa jurisdicción sanciona los actos de maltrato o crueldad animal con penas de uno a cinco años de cárcel y multas económicas. La normativa contempla un aumento de las sanciones hasta los siete años de prisión en casos agravados por violencia prolongada, difusión del acto en redes sociales o presencia de menores de edad.
