El Ministerio Público abrió vigilancia preventiva para revisar cambios entre el proyecto aprobado en el CONPES y el proceso contractual que adelanta la ESSMAR.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión temporal de la licitación para la construcción de la planta desalinizadora de Santa Marta, obra valorada en cerca de 786.000 millones de pesos.
La medida fue adoptada tras una solicitud del equipo de empalme anticorrupción del gobierno electo de Abelardo De La Espriella, para verificar si la contratación cumple los criterios de transparencia y planeación.
El organismo de control abrió una vigilancia preventiva formal sobre la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR) para examinar la estructuración técnica, jurídica, ambiental y financiera del proceso.
Entre los puntos a revisar figura el cambio de diseño frente al CONPES 4159 de 2025, que contemplaba la construcción de dos plantas desalinizadoras, mientras la licitación en curso propone ejecutar solo una en Pescaíto.
Debido a esta modificación, la Procuraduría pidió explicaciones sobre la eliminación de la planta prevista para Taganga, la variación de la capacidad de producción y los ajustes en la población beneficiada.
Además, el órgano fiscalizador requirió la entrega completa de los pliegos de condiciones y los antecedentes que justifican el modelo contractual elegido para la solución del suministro de agua en la ciudad.
Por último, la ESSMAR cuenta con un plazo de 24 horas para responder si acoge la solicitud de frenar la licitación o, en su defecto, presentar los argumentos técnicos y legales que sustenten la decisión de continuarla.
