La exdelegada presidencial formalizó su salida del órgano universitario en medio de indagaciones penales abiertas por el ente acusador.
Juliana Guerrero dejó de ejercer la representación directa de la Jefatura de Estado ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC). La determinación se conoció formalmente mediante una misiva tramitada por el bufete Alzate Hernández Abogados, firma que asumió la vocería legal de la exfuncionaria tras la escalada de cuestionamientos públicos en su contra.
La desvinculación se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera un expediente en la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si incurrió en ilícitos junto a su hermana, Verónica Guerrero. El organismo investigador indaga testimonios, piezas de audio y transferencias que sugerirían cobros de dinero para la tramitación indebida de convenios con firmas privadas dentro de la administración pública.
En el texto dimisorio, la exdelegada justificó su retiro apartándose del puesto institucional: “Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”.
Paralelamente, la exdelegada presidencial argumentó la necesidad de desvincular su panorama personal de la estabilidad gubernamental y académica. Señaló que los señalamientos de sectores políticos no debían interferir en el cumplimiento de las funciones públicas ni trasladarse al centro educativo o al Ejecutivo.
Frente al avance de las pesquisas en los despachos judiciales, la exfuncionaria remarcó su disposición de atender las notificaciones oficiales: “Enfrentaré estas investigaciones ante las autoridades competentes y dentro del marco institucional; compareceré de manera personal y atenderé cada citación que se me formule por cualquier órgano de investigación, aportando todo cuanto esté a mi alcance para el esclarecimiento de los hechos”.
Previo a la entrega del documento de renuncia, la afectada había reaccionado públicamente para rechazar las denuncias sobre exigencias económicas irregulares, manifestando que mantendría su postura dentro del proceso legal para responder a las acusaciones formuladas en su contra.
El retiro también estuvo precedido por voces del estamento estudiantil de la institución universitaria que cuestionaban su permanencia. Representantes del Consejo Académico, como Rosana Vides, señalaron públicamente los costos éticos para el centro educativo, expresando en espacios radiales: “Deje de avergonzar a la juventud de Colombia, muchos nos esforzamos para adquirir un título profesional porque queremos una mejor calidad de vida”.
Antes del desenlace administrativo, la Casa de Nariño había mantenido un respaldo hacia la exfuncionaria frente a las dudas sobre sus credenciales académicas y las sospechas de intermediación. Respecto al frente penal, la postura presidencial sugería que la defensa debía señalar a los empresarios involucrados y colaborar activamente con el aparato de justicia.
Finalmente, Guerrero concluyó su comunicación institucional ofreciendo un agradecimiento directo al Mandatario, al Ministerio de Educación y a los integrantes del cuerpo colegiado por el trabajo desarrollado durante su permanencia en la representación oficial.
