El presidente electo afirmó que hay informes de inteligencia sobre un presunto ofrecimiento del ELN y disidencias para atentar en su contra durante las jornadas de empalme.
El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la existencia de una presunta alerta sobre planes criminales dirigidos contra la integridad del mandatario entrante en medio de sus recorridos territoriales previos al 7 de agosto.
De acuerdo con las declaraciones del equipo del mandatario electo, reportes de inteligencia señalan que estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc habrían fijado un presunto pago de hasta 3.000 millones de pesos por ejecutar dicha acción.
Los voceros de la campaña sostienen que los informes advierten sobre posibles intenciones de infiltrar ruedas de prensa o reuniones públicas con la presencia de ciudadanos para vulnerar los esquemas de protección institucional.
En el comunicado difundido por la oficina del mandatario electo se manifestó la decisión de continuar con las actividades programadas en los municipios, indicando: “El presidente electo no suspenderá su agenda de trabajo ni el proceso de empalme territorial, porque considera que Colombia no puede ceder ante las amenazas de quienes pretenden imponer el miedo mediante la violencia”.
De igual manera, el pronunciamiento del equipo de gobierno solicitó el respaldo de las instituciones del Estado, señalando: “Colombia tiene derecho a vivir en democracia y ninguna organización criminal impedirá que el Gobierno elegido por los colombianos ejerza sus funciones”.
Ante la situación puesta en conocimiento público, los esquemas de seguridad informaron sobre la implementación de controles y revisiones adicionales en los puntos de acceso a los recintos y espacios abiertos programados.
Adicionalmente, los representantes del presidente electo confirmaron la presentación de un documento ante la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública para pedir “adelantar con la mayor celeridad las investigaciones correspondientes para establecer el origen de esta amenaza, identificar a los responsables y neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente electo o de la población civil”.
Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un pronunciamiento público tras la denuncia, expresando que las diferencias deben canalizarse mediante los conductos institucionales y pidiendo a las autoridades competentes la adopción de las medidas de seguridad requeridas.
