El excandidato presidencial afirmó no haber sido notificado formalmente sobre la investigación que adelanta la Fiscalía por la denuncia de abuso sexual a una niña de ocho años.
Carlos Caicedo Omar, se pronunció públicamente mediante un comunicado oficial tras conocerse la investigación penal en su contra por el presunto delito de abuso sexual contra una menor de ocho años. El caso, originado por una denuncia presentada por la madre de la menor sobre hechos que habrían ocurrido en 2023 en Santa Marta, fue asumido por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Frente a estas revelaciones mediáticas y el avance de las indagaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, el dirigente político emitió un documento a la opinión pública en el que desmintió las acusaciones. Caicedo aseguró que se enteró del proceso a través de los medios de comunicación y que hasta la fecha no ha recibido ningún requerimiento o notificación formal por parte de las autoridades judiciales.
“No conozco la denuncia ni me han notificado”: Carlos Caicedo
En el inicio de su pronunciamiento, el líder político rechazó de manera categórica las imputaciones formuladas en su contra y sostuvo que no ha tenido acceso al expediente. “Esta nueva endilgación carece de sustento y constituye un nuevo intento de condena mediática. No conozco el contenido de las supuestas denuncias, no he sido notificado de actuación alguna y, en consecuencia, rechazo de manera categórica cualquier imputación que se pretenda hacer en mi contra”, manifestó en el comunicado.
Asimismo, Caicedo enfatizó en la necesidad de respetar las garantías constitucionales del debido proceso antes de que se emitan juicios de valor en la opinión pública. “Nadie puede ser condenado en los medios de comunicación antes de ejercer plenamente su derecho de defensa”, agregó el exmandatario en el escrito divulgado desde Santa Marta.
Cuestionamientos al abogado de la contraparte
En un segundo apartado del documento, el exgobernador cuestionó la participación del abogado Julián Quintana Torres, quien ejerce la representación legal de la madre de la menor en la denuncia penal. Caicedo sugirió que la presencia del jurista responde a intereses políticos en su contra. “No es una coincidencia que el abogado Julian Quintana Torres, aparezca nuevamente detrás de esta ofensiva judicial y mediática”, aseveró.
El exgobernador argumentó que Quintana ha impulsado otros procesos en su contra en el pasado y mencionó sus relaciones profesionales actuales en la capital del Magdalena. “Se trata del mismo abogado que ha promovido actuaciones en mi contra en el pasado y que hoy mantiene vínculos contractuales con la Alcaldía de Santa Marta, mientras el alcalde ha expresado públicamente su interés de impulsar procesos judiciales en mi contra”, indicó.
Adicionalmente, en la declaración pública se formularon duros cuestionamientos al recorrido profesional del abogado querellante durante su paso por la rama judicial. “Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si existe una estrategia coordinada para desacreditarme y afectar mis derechos. No olvidemos que el abogado Quintana, fue Director del CTI de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Montealegre, y de allí salió expulsado por las autoridades por especializarse en montajes judiciales en contra de los ciudadanos”, afirmó Caicedo en el oficio.
Caicedo señala un historial de denuncias en su contra
Al abordar el contexto general de las acusaciones, el exmandatario departamental catalogó el hecho como parte de un patrón constante de señalamientos en su trayectoria pública. “Esta nueva acusación hace parte de una persecución sistemática que he padecido durante más de dos décadas. He enfrentado centenares de denuncias falsas, privación por años de la libertad, procesos en los que he demostrado mi inocencia y decisiones judiciales que me han dado la razón”, expuso en el texto.
En el mismo apartado, Caicedo hizo referencia a decisiones de la justicia transicional sobre su situación personal y política en el marco del conflicto. “Todo esto declarado judicialmente por la JEP quien me reconoció como víctima del conflicto armado en la modalidad de persecución política y judicial por parte de agentes del Estado no miembros de fuerza pública”, puntualizó.
El político vinculó la aparición de la denuncia con la cercanía de procesos de decisión en el ámbito judicial y electoral. “Cada vez que se acercan decisiones judiciales importantes o escenarios electorales, reaparecen montajes, filtraciones y campañas de desprestigio con el propósito de destruir mi buen nombre y mi trayectoria pública”, sostuvo.
“Defenderé mi inocencia por las vías legales”
En el cierre de su pronunciamiento oficial, el exgobernador reiteró su disposición de afrontar el caso en los estrados judiciales para desestimar los cargos. “Confío en la justicia, en el debido proceso y en que la verdad volverá a imponerse sobre la mentira o los montajes judiciales que buscan manchar nuevamente mi imagen. Defenderé mi honra, mi presunción de inocencia y mis derechos por las vías legales, con la convicción de que la verdad volverá a prevalecer, como ha ocurrido en el pasado”, manifestó.
Finalmente, remarcó que su postura ante la investigación penal se mantendrá firme en las instancias correspondientes. “Mi respuesta seguirá siendo la misma: acudir a las instituciones, ejercer mi defensa dentro de la ley y no ceder ante quienes pretenden sustituir las pruebas por el linchamiento mediático”, concluyó en el comunicado firmado a su nombre.
