El drástico recorte en los ingresos de los legisladores, que entra en vigor el 20 de julio, generará un importante alivio financiero para el Estado.
A partir del próximo 20 de julio, con el inicio del nuevo periodo legislativo, los congresistas que se posesionen en sus cargos recibirán una remuneración mensual menor. La reducción en sus ingresos se debe a la entrada en vigor del Decreto 0030 de 2026, firmado por el presidente Gustavo Petro, el cual eliminó la prima especial de servicios, un beneficio económico que equivalía aproximadamente a una tercera parte de la remuneración total de los parlamentarios.
Los nuevos legisladores, elegidos en las urnas el pasado 8 de marzo, serán los primeros en asumir sus funciones con este ajuste salarial aplicado. Debido a que la derogatoria de la norma no tiene efectos retroactivos, la medida no afectará a los actuales congresistas, quienes mantendrán el beneficio intacto hasta que finalice su periodo, garantizando que el cambio solo rija para los 296 congresistas que asuman sus curules desde la instalación de las nuevas sesiones.
La supresión de este beneficio representa un recorte mensual exacto de $18.100.000 para cada parlamentario. De esta manera, el salario bruto mensual de los legisladores pasará de $55,1 millones a $37 millones; por su parte, el sueldo neto el dinero real que reciben tras realizarse los descuentos de ley por pensión, salud, retención en la fuente y otros aportes bajará de $32,8 millones a unos $22 millones.
Esta prima especial de servicios había sido creada el 4 de octubre de 2013 mediante el Decreto 2170, expedido durante el mandato del entonces presidente Juan Manuel Santos. Con dicha norma, que se incorporó al régimen prestacional de la Ley 4 de 1992, se sustituyeron los antiguos pagos que recibían los parlamentarios por conceptos de vivienda, localización y salud por esta prima única, la cual también sumaba al momento de liquidar las primas de servicios generales y de Navidad.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por Germán Ávila Plazas, junto al Departamento Administrativo de la Función Pública, bajo la dirección de Mariela Barragán, firmaron el nuevo decreto argumentando que esta es la entidad única competente para decidir sobre salarios estatales. Según el documento oficial, los sueldos actuales de los parlamentarios resultan desproporcionados frente a la realidad económica nacional y el ingreso promedio de los colombianos, lo que impedía cumplir con el cierre de brechas sociales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro había defendió la decisión a través de su cuenta en la red social X, señalando que los legisladores aprueban reformas tributarias contra los sectores vulnerables mientras hunden los impuestos a las personas con mayores recursos, por lo que consideró justo recortar sus ingresos. Con esta política de austeridad y control del gasto público, se estima que la eliminación de la prima para los 296 congresistas generará un ahorro anual exacto de $64.291.200.000, lo que se traduce en un alivio financiero directo para todos los colombianos.
La administración también aclaró de manera enfática que esta medida no guarda relación alguna ni afecta la prima de servicios de los trabajadores formales del país, la cual sigue vigente bajo el beneficio de un salario mensual por año laborado. El anuncio de la norma responde de manera directa a los objetivos de unos 20 proyectos de ley que buscaban reducir los salarios en el Capitolio y que terminaron archivados en debates anteriores.
A pesar de su inminente aplicación, el decreto ya enfrenta seis demandas ante el Consejo de Estado que buscan anular la decisión bajo el argumento de que el Ejecutivo no tiene las facultades para alterar el salario de los congresistas. Mientras el tribunal define la legalidad de la norma y evalúa el impacto que esto pueda tener sobre otros altos funcionarios del Estado con salarios indexados al Congreso, los nuevos parlamentarios iniciarán su labor bajo la nueva estructura de ingresos.
