El funcionario saliente tomó la decisión al considerar que el equipo entrante rompió el respeto con insultos hacia el equipo de gobierno.
El ministro de Hacienda y coordinador de la transición, Germán Ávila, confirmó la suspensión total de las reuniones presenciales de trabajo con la delegación del gobierno entrante. Esta fuerte determinación del Ejecutivo saliente se conoció de manera oficial este martes 7 de julio, exactamente a un mes de que se realice el cambio definitivo de mando presidencial.
La crisis política entre ambos equipos escaló rápidamente luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenara previamente congelar el proceso acusando de corrupción a la administración actual. Dicha ruptura bilateral estuvo precedida por declaraciones del mandatario Gustavo Petro, quien cuestionó la legitimidad de las elecciones argumentando un supuesto fraude con tecnologías extranjeras.
Acciones legales y motivos de la suspensión
En una rueda de prensa de la Casa de Nariño, el ministro Ávila explicó que la instrucción impartida a ministros y directores obedece al quiebre de las condiciones de decencia. El funcionario responsabilizó de manera directa a Carlos Alonso Lucio, integrante del comité de De la Espriella, de proferir constantes calumnias e irrespetos hacia el jefe de Estado y su gabinete.
Como consecuencia de estos hechos, el Gobierno Nacional confirmó la radicación de una denuncia penal en contra de Lucio por comprometer la honra del mandatario actual. Frente a esto, el ministro Ávila leyó textualmente: “Se han realizado acusaciones y ofensas al presidente y a su equipo de Gobierno, se les califica de criminales, se manipula la justicia, se pretende extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas por este miembro del comité de empalme. No las aceptamos”.
El vocero del Ejecutivo saliente enfatizó que la administración no va a tolerar agresiones infundadas ni amenazas bajo la mesa durante la transición de datos públicos. Al respecto, el jefe de la cartera económica sentenció en sus declaraciones que “no vamos a admitir un solo insulto más, una sola agresión más, ni una sola calumnia más”.
Rechazo a un proceso condicionado
Con respecto a las intenciones de la contraparte de efectuar una revisión extraordinaria bajo la figura de una auditoría, la delegación oficial rechazó aplicar condiciones especiales. “No aceptamos empalmes con apellidos, ni anticorrupción ni ante nada. Es un empalme institucional y punto”, manifestó Ávila para fijar los límites del procedimiento legal.
El ministro de Hacienda argumentó que las jornadas de transición deben regirse de forma estricta por la normatividad del Estado y no usarse con fines políticos. En sus declaraciones institucionales recordó que “el empalme no es una investigación penal, no es un juicio, no es una plataforma política; es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones“.
Equilibrio político y llamado al diálogo
En otro de los puntos centrales de su intervención, el funcionario analizó el panorama político derivado del estrecho margen obtenido en la pasada jornada de votaciones. El coordinador recordó que Abelardo de la Espriella obtuvo algo más de 12,9 millones de votos, frente a los más de 12,7 millones de votos logrados por Iván Cepeda.
Basado en estos datos oficiales, Ávila solicitó respeto para la ciudadanía que respaldó la opción del gobierno actual y que se mantiene activa en el país. “No olviden nunca que representamos a 12,7 millones de ciudadanos, y ustedes representan 12,9 millones de ciudadanos. No olviden nunca esa diferencia, ni que esos 12,7 millones que acompañaron al candidato Iván Cepeda y respaldan al gobierno, están ahí, no han desaparecido”, advirtió textualmente.
A pesar de la profunda fractura en las mesas de trabajo presenciales, el portavoz del Ejecutivo dejó abierta una vía para intentar solucionar el conflicto institucional. El ministro invitó de forma directa al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a revisar de manera conjunta los últimos acontecimientos para determinar si es viable restablecer el proceso.
Entrega de informes ante la Nación
El Gobierno Nacional aclaró que la cancelación de los encuentros conjuntos de trabajo no frenará la recopilación y estructuración de la información estatal. Cada uno de los ministerios y departamentos administrativos continuará con la elaboración rigurosa de los informes exigidos por la legislación vigente.
Finalmente, Germán Ávila Plazas ratificó que la rendición de cuentas final se ejecutará de cara a la ciudadanía y contará con veeduría externa. El coordinador concluyó que “la información que buscábamos entregar se la entregamos a toda la Nación, cumpliendo la ley y nuestro compromiso con los ciudadanos”, confirmando que enviaron una invitación formal a Gregorio Eljach para que la Procuraduría General de la Nación realice un acompañamiento preventivo.
