El exfuncionario es señalado por las autoridades como el presunto cerebro financiero detrás de la confrontación armada por el dominio de los corredores marítimos en la Alta Guajira.
La captura de Pedro Luis Cotes Bernier, conocido en los expedientes judiciales con el alias de “El Gallero”, fue ejecutada en el casco urbano de Uribia mediante una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional. El exconcejal, quien mantenía una presencia activa en la vida política y social del municipio, es solicitado en extradición por la Corte Distrital del Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico transnacional de narcóticos.
De acuerdo con los reportes de inteligencia, Cotes Bernier presuntamente lideraba la estructura criminal denominada “Clan Cotes”, organización con una robusta capacidad logística en el Caribe colombiano. Las autoridades lo identifican como un “narco invisible” que habría logrado mimetizarse en la vida pública mientras, supuestamente, gestionaba el envío de grandes cargamentos de alcaloides hacia mercados internacionales.
Control de rutas y poderío logístico
Las investigaciones judiciales sostienen que alias “El Gallero” ejercía influencia sobre corredores estratégicos en el extremo norte del departamento, facilitando el despacho de lanchas rápidas cargadas con estupefacientes. Se estima que la red bajo su control tenía la capacidad operativa para movilizar entre dos y tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína, utilizando puntos ciegos de la costa guajira para alcanzar Centroamérica.
Este flujo constante de sustancias habría convertido a la estructura, presuntamente liderada por el excabildante, en un actor clave dentro del engranaje del tráfico de drogas en el norte del país. Según el expediente, su conocimiento del terreno y sus vínculos locales le permitieron establecer una red de transporte marítimo que operó de manera discreta durante varios años.
La caída del procesado representa un golpe al andamiaje económico de las redes que operan en los límites fronterizos con el mar Caribe. El éxito del procedimiento judicial fue el resultado de meses de seguimientos técnicos y labores de campo articuladas por agencias nacionales en cooperación con organismos internacionales que rastreaban sus movimientos.
Financiación del conflicto interno
Más allá del tráfico de drogas, los informes de inteligencia vinculan a Cotes Bernier como el presunto patrocinador económico del grupo criminal conocido como ‘Los JJ’. Esta organización mantiene una violenta disputa territorial contra la facción de Nain Pérez Toncel, alias ‘Nain’, señalado líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), estructura también conocida como ‘Los Pachencas’.
La confrontación entre estas dos facciones ha generado una crisis de seguridad en la Alta Guajira, motivada por el control de las rentas ilícitas y la salida de cargamentos. El apoyo financiero atribuido a ‘El Gallero’ habría permitido que el grupo ‘Los JJ’ sostuviera el enfrentamiento armado contra la red de alias “Nain”, quien figura como uno de los objetivos prioritarios de la fuerza pública en la región.
Adicionalmente, los organismos investigativos indagan su presunta participación en el suministro de material bélico y la coordinación logística para estas bandas. Estas acciones habrían fortalecido el componente militar de la organización aliada en su intención de desplazar a los grupos rivales de los puntos de embarque costeros.
Tránsito hacia la justicia norteamericana
El operativo de detención se realizó en pleno centro urbano sin que se registraran alteraciones del orden público ni resistencia por parte del indiciado. La captura generó sorpresa en la comunidad local, donde el investigado era percibido como un líder comunitario que frecuentaba constantemente las rancherías y zonas rurales apartadas.
Tras su captura, Cotes Bernier fue trasladado bajo estricta custodia a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. En esta instancia se adelantan los trámites administrativos y judiciales necesarios para formalizar su entrega a las autoridades de los Estados Unidos en cumplimiento de la orden de extradición vigente.
Este proceso judicial pone de manifiesto la presunta infiltración de estructuras dedicadas al narcotráfico en escenarios políticos de municipios fronterizos. Mientras avanza el trámite legal, las autoridades han reforzado la vigilancia en la península para prevenir posibles retaliaciones o reacomodamientos entre los grupos armados que dependen de estas finanzas ilícitas.
