El procesado tenía orden de captura desde mayo de 2026 y continuaba vinculado a la agencia de inteligencia.
La aprehensión en Neiva de Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), desató un terremoto político y judicial tras revelarse su presunta participación en un entramado de espionaje contra expresidentes de la República y en el intento de sabotaje a los sistemas de la Registraduría Nacional durante los pasados comicios presidenciales.
El procedimiento se ejecutó el pasado 6 de noviembre a instancias de la Fiscalía Segunda Especializada contra Delitos Informáticos, en el marco de una investigación que busca desmantelar una presunta red clandestina incrustada en el máximo organismo de inteligencia del Estado.
Los expedientes señalan que a Oyola Tovar se le imputarán los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal, al atribuírsele el liderazgo en la coordinación de bodegueros y activistas digitales orientados a interceptar y alterar plataformas institucionales.
Entre las anomalías de mayor impacto destaca la extracción de una “copia espejo” del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC) —plataforma reservada para el presidente y la cúpula militar—, la cual fue almacenada sin autorización en computadores personales, según lo revelado por Noticias Caracol a partir de informes internos y auditorías forenses.
Las investigaciones también vinculan al procesado con el seguimiento ilegal a exmandatarios mediante el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, normativa con la que la DNI asumió la asignación de vehículos para los esquemas de protección, presuntamente con el objetivo de instalar micrófonos y dispositivos GPS para monitorear sus desplazamientos.
De igual forma, se le señala de haber huido de un apartamento fachada de la entidad en Bogotá días antes de las elecciones presidenciales, dejando atrás equipos de cómputo y celulares que hoy se encuentran bajo custodia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Uno de los aspectos que genera mayor estupefacción en los organismos de control es que Oyola Tovar evadió la justicia desde el 7 de mayo de 2026, fecha en que un juez emitió una orden de captura en su contra; aun así, permaneció activo en la plantilla del organismo secreto por espacio de seis meses.
Actualmente, las autoridades judiciales y las unidades de contrainteligencia concentran sus esfuerzos en el análisis forense de los dispositivos incautados para precisar la profundidad de los accesos no autorizados e identificar a otros posibles implicados dentro del organismo de inteligencia.
Finalmente, el expediente contra el funcionario se suma a una serie de hallazgos sobre millonarias compras presuntamente sobrevaloradas dentro de la DNI, entre ellas la adquisición de una aeronave no tripulada por 9.000 millones de pesos que terminó siniestrada y contratos de tecnología biométrica incompatibles con los sistemas de la entidad.
