El monto definitivo avalado por el Legislativo tuvo un incremento del 14,2 % frente al del año anterior.
Las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron el Presupuesto General de la Nación para 2027 por un valor total de $634,9 billones. La decisión se concretó durante la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026, luego de una jornada de discusiones que superó las 20 horas de debate en el Congreso y que dejó la iniciativa lista para la firma del presidente Abelardo de la Espriella.
Con la votación de la Cámara, que acogió el mismo texto enviado desde la plenaria del Senado con 112 votos a favor, el Gobierno nacional evitó expedir el monto de las finanzas públicas mediante un decreto presidencial. Tras el respaldo legislativo, el mandatario Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X para agradecer la gestión parlamentaria: “Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos”.
Durante la reestructuración del texto en las sesiones parlamentarias, el Congreso introdujo ajustes que redujeron en $8,36 billones los recursos que inicialmente estaban destinados a la amortización de la deuda. Esa modificación permitió reasignar partidas y elevar la inversión pública a un total de $94,6 billones, mientras que el pago de las obligaciones financieras quedó establecido en $147 billones.
En medio de los traslados presupuestales, el sector de la salud recibió una adición de $5 billones frente a la propuesta inicial planteada por el Ejecutivo. Asimismo, para el Ministerio de Defensa se aprobaron $6,4 billones adicionales, lo que llevó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, a declarar ante la opinión pública: “Este presupuesto no es un cheque en blanco. Vamos a vigilar que cada peso se invierta en donde tiene que ser”.
Por su parte, el sector de Trabajo contará con $66,9 billones, donde se incluyen $6,5 billones adicionales destinados al cumplimiento de las obligaciones pensionales del Estado. De igual manera, el Ministerio de Minas y Energía pasará de recibir $7,5 billones a un monto final de $10,51 billones, tras sumársele $3 billones para cubrir subsidios de energía, gas por red, gas licuado de petróleo (GLP) y el transporte de combustibles en zonas fronterizas.
Entre las asignaciones específicas aprobadas se destinaron $100.000 millones para la educación superior pública, $100.000 millones para la Rama Judicial y otros $100.000 millones para la Registraduría Nacional del Estado Civil. En contraste, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sufrió un recorte de $11.402 millones en su presupuesto de inversión, recursos que fueron trasladados al Ministerio de Defensa para financiar la indemnización de familias de soldados y policías muertos en combate.
Otras partidas aprobadas incluyeron $30.000 millones para los gastos de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, $26.500 millones asignados al Ministerio de Ambiente para un programa de esterilización de animales domésticos y $11.400 millones para reparar a familiares de militares abatidos. Además, la norma ordena que el Gobierno nacional entregue un informe trimestral sobre el estado de la caja y la ejecución de los gastos de la Nación.
La sesión parlamentaria estuvo acompañada por la protesta de los congresistas del Pacto Histórico por modificaciones en los recursos del Sena y por la salida temporal de la bancada del Partido Liberal. La postura de los liberales se dio tras los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella contra la gobernadora de San Andrés, Gerly Ordóñez, y la representante Elizabeth Jay-Pang por presuntas irregularidades de contratación en la isla, situación que requirió la intervención del ministro del Interior, Rodrigo Lara.
