El acuerdo judicial busca la reparación integral por las afectaciones causadas al sistema de transporte masivo de Bogotá en 2019.
La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, alcanzó un acuerdo formal de reparación integral con la empresa TransMilenio S.A. y la Recaudadora de Bogotá. La medida busca resarcir los perjuicios materiales y operativos ocasionados durante las manifestaciones de noviembre de 2019 en el sur de la capital.
El pacto, avalado por las autoridades judiciales competentes, contempla una compensación económica total de 100 millones de pesos colombianos. Este monto está destinado a cubrir los costos de restauración del mobiliario urbano y los sistemas informáticos que resultaron vandalizados en el incidente.
De la cifra fijada, 80 millones de pesos serán transferidos directamente a las cuentas de TransMilenio S.A. para financiar los arreglos físicos en la infraestructura de la estación Molinos, ubicada en la localidad de Tunjuelito. Los 20 millones de pesos restantes se entregarán a la Recaudadora de Bogotá, entidad encargada del funcionamiento de los torniquetes y validadores de pasajes.
Además del compromiso financiero, la negociación incluyó una sanción con enfoque restaurativo. La procesada deberá diseñar, producir y protagonizar un paquete de 55 piezas audiovisuales orientadas a la promoción de la cultura ciudadana, el respeto por el espacio público y el uso adecuado del sistema de transporte masivo.
Pese a que las partes acordaron los términos pedagógicos, la publicación y difusión de los videos se encuentra suspendida de manera preventiva. Esto obedece a una restricción judicial vigente que le prohíbe a Barrera Rojas administrar redes sociales o desempeñarse como generadora de contenido digital durante el tiempo de su condena.
Por esta razón, la divulgación del material educativo quedará condicionada al cumplimiento total de la inhabilitación impuesta por el juez de la causa o a una eventual modificación de las medidas cautelares por parte del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Con la aprobación de esta conciliación, las entidades afectadas buscan dar por cerrado el reclamo por responsabilidad civil y patrimonial, mientras la representación legal de la empresaria avanza en el cronograma de pagos estipulado ante los estrados judiciales.
