Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue presentada una tutela que busca obligar al Gobierno Nacional a fijar de inmediato la fecha de las elecciones atípicas para gobernador del Magdalena.
El 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena para el periodo 2024–2027, al comprobar que incurrió en doble militancia política. La sentencia quedó ejecutoriada el 30 de julio, fecha desde la cual debía iniciarse el proceso de convocatoria a nuevos comicios .
En lugar de definir la jornada electoral, el Gobierno se limitó a designar a Ingris Padilla como gobernadora encargada, lo que mantiene al departamento bajo una administración transitoria.
Los accionantes y sus pretensiones
La tutela fue presentada por Camilo José David Hoyos, Luis Alberto Riascos Rojas y Rubén Ceballos Mendoza, quienes actúan como coadyuvantes dentro del proceso electoral que derivó en la anulación. Los ciudadanos afirman que, tras casi dos meses de la ejecutoria, el Gobierno no ha fijado fecha para la votación, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
En el escrito piden al Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenar a la Presidencia y al Ministerio del Interior que en un plazo máximo de 48 horas convoquen a elecciones atípicas en el Magdalena. También solicitan que se adopten medidas adicionales para garantizar el pleno respeto a los derechos de participación política .
Argumentos jurídicos de la tutela
Los accionantes invocan la protección de derechos como la igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia y el sufragio universal. En palabras de los demandantes: “La demora injustificada en la fijación de la fecha es lesiva a los derechos inviolables y configura un presunto fraude a resolución judicial” .
El documento subraya que la Ley 2200 de 2022 obliga a convocar elecciones populares en los casos en que un mandato electo sea anulado. Además, los demandantes sostienen que el incumplimiento por parte del Ejecutivo podría acarrear consecuencias penales. “El Gobierno nacional debe cumplir la decisión judicial en el menor tiempo posible, so pena de incurrir en conductas punibles de fraude a resolución judicial en concurso con prevaricato”, se lee en la tutela .
La incertidumbre en el Magdalena
Mientras se resuelve la acción judicial, el departamento continúa sin un gobernador elegido popularmente, lo que ha generado un ambiente de inestabilidad política. Los demandantes advirtieron que la falta de calendario electoral afecta no solo a los ciudadanos, sino también a los partidos políticos, que no han podido inscribir candidatos para la contienda.
“El presidente tiene la obligación de designar la fecha dentro del marco legal y constitucional; de lo contrario, se afecta la institucionalidad democrática”, recalcaron los accionantes en su memorial dirigido al Gobierno y a la Procuraduría General de la Nación .
Por ahora, la definición de la fecha de los comicios atípicos sigue en manos del Ejecutivo, pero será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que determine si la tutela prospera y obliga al Gobierno a cumplir en el tiempo exigido.