Las acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro no solo sacudieron la diplomacia, sino que reactivaron la vieja grieta entre el uribismo y el progresismo en Colombia, mientras crece la incertidumbre por el futuro de la cooperación con Washington.
El estallido político que generó la acusación de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, a quien tildó de “líder del narcotráfico”, sumó un nuevo capítulo al debate nacional. La Casa de Nariño calificó las declaraciones como una “agresión sin fundamento”, mientras la oposición aprovechó el momento para cuestionar el rumbo internacional del Gobierno.
En el centro de la controversia se encuentra la relación de Colombia con Estados Unidos, ahora en su punto más tenso en años. La suspensión temporal de ayudas y cooperación antidrogas, anunciada por Washington, fue interpretada por sectores de derecha como el resultado de una política exterior “errática” que ha debilitado la confianza de los aliados históricos.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, férreo crítico del actual mandatario, no tardó en pronunciarse. A través de su cuenta en X, aseguró que “el narcotráfico se ha convertido en una herramienta de destrucción de la democracia” y que las políticas de Petro, al igual que el Acuerdo de Paz de 2016, “entregaron impunidad a los responsables del crimen organizado”.
Uribe acusó al Gobierno de haber “desperdiciado” los logros alcanzados durante el Plan Colombia y de haber permitido el crecimiento de las economías ilícitas. “Nuestra patria tiene un profundo problema interno. El narcotráfico domina la economía y destruye la familia, la juventud y la democracia”, escribió el exmandatario, retomando un discurso que busca posicionar al uribismo como alternativa ante el desgaste del petrismo.
Desde el Palacio de Nariño, el presidente Petro respondió con dureza. Aseguró que la “guerra contra las drogas es un fracaso histórico” y acusó a Trump de utilizar el tema del narcotráfico como excusa para “mantener el control geopolítico sobre América Latina”. El mandatario defendió su enfoque de “paz total” y reiteró que “Colombia no puede seguir siendo el peón de una estrategia militar ajena a su soberanía”.
Mientras tanto, el país se divide entre quienes apoyan la narrativa de Petro y quienes respaldan la crítica de Uribe. En redes sociales, los usuarios convirtieron el tema en tendencia, reviviendo el debate sobre si la izquierda realmente ofrece una alternativa viable frente al narcotráfico o si, por el contrario, su política de no confrontación favorece la expansión criminal.
Los analistas advierten que la tensión con Estados Unidos podría tener consecuencias concretas. El aumento de aranceles a productos colombianos y la congelación de fondos para proyectos de seguridad afectarían directamente sectores estratégicos como el agrícola y el industrial. Para algunos economistas, “la diplomacia ideológica está poniendo en riesgo la estabilidad económica del país”.
En el Congreso, las bancadas de oposición pidieron al Gobierno restablecer los canales diplomáticos con Washington. Por su parte, el Pacto Histórico cerró filas en torno a Petro, argumentando que las declaraciones de Trump buscan “desacreditar a los gobiernos progresistas de la región” y defender los intereses del viejo modelo neoliberal.
Entre la confrontación ideológica y el impacto económico, Colombia se encuentra en un punto de quiebre. La pugna entre Petro y Uribe revive el fantasma de la polarización, mientras Trump, desde Washington, observa cómo su discurso vuelve a incendiar la política colombiana.
En medio del fuego cruzado, la pregunta es inevitable: ¿defiende Petro un nuevo modelo soberano o empuja al país hacia un aislamiento internacional sin precedentes?