El fundador de DMG presentó una queja disciplinaria contra Abelardo de la Espriella por presuntas faltas éticas, abandono de la defensa y la no devolución de $5.000 millones
A menos de que arranque formalmente la contienda presidencial, el nombre de Abelardo de la Espriella quedó vinculado a una nueva controversia judicial. David Murcia Guzmán, condenado por el escándalo de DMG, decidió acudir a instancias disciplinarias para cuestionar la actuación de quien en su momento fue su defensor.
La queja fue radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y pone en entredicho el comportamiento profesional del hoy precandidato. La acción fue impulsada por la abogada Sondra Macollins, actual representante del empresario, quien sostiene que existieron graves incumplimientos en el ejercicio de la defensa.
Señalamientos por ética y lealtad profesional
En el documento presentado, Murcia señala que su antiguo abogado habría incumplido deberes esenciales como la lealtad, diligencia y honradez, pilares del ejercicio jurídico. Según la defensa actual del empresario, se configuró una ruptura injustificada del mandato otorgado.
Uno de los puntos centrales de la queja es la presunta no devolución de $5.000 millones que, asegura, fueron entregados como honorarios para asumir su representación. De acuerdo con la denuncia, el penalista se apartó del caso sin reintegrar los recursos.
Macollins sostiene que el abandono de la defensa dejó en desventaja procesal a su cliente en un momento determinante del proceso judicial. En su concepto, “se vulneraron deberes fundamentales que rigen la relación entre abogado y defendido”.
Irregularidades en la captura y posible conflicto de interés
Otro de los aspectos expuestos tiene que ver con supuestas inconsistencias en el procedimiento de captura de Murcia. La defensa actual afirma que no se dejaron constancias sobre presuntas alteraciones en la fecha y el lugar de detención, hechos que según argumentan pudieron incidir en la estrategia jurídica.
La queja también advierte un eventual conflicto de interés, al señalar que, para la época de la representación, existirían acercamientos políticos que no habrían sido informados al cliente. Ese punto será materia de verificación dentro del proceso disciplinario.
El expediente quedó en manos de un magistrado de la jurisdicción disciplinaria, que deberá evaluar si existen méritos para abrir investigación formal contra el abogado y aspirante presidencial.
El trasfondo del caso DMG
David Murcia fue condenado a más de 22 años de prisión por el entramado financiero ilegal que afectó a cerca de 200.000 personas en el país. El modelo de captación masiva de dinero prometía altos rendimientos, pero terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos económicos de las últimas décadas.
Tras más de tres lustros privado de la libertad, el empresario asegura que ahora cuenta con las garantías necesarias para hacer públicas sus reclamaciones contra quien integró su equipo de defensa.
El proceso disciplinario apenas inicia y se da en un contexto político sensible, lo que podría tener repercusiones tanto en el ámbito jurídico como en el escenario electoral.