Samario muerto en ataque de EE.UU. tenía antecedentes por robo de armas y vínculos con grupo armado en Santa Marta
Nuevos documentos judiciales confirman que Alejandro Carranza, quien murió tras un bombardeo estadounidense en aguas del Caribe Colombiano, estuvo implicado en el robo de armamento de la Policía Metropolitana de Santa Marta en 2016.
Alejandro Andrés Carranza Medina no era un desconocido para la justicia. En 2016 fue capturado en medio de una investigación que sacudió a la Policía de Santa Marta por la desaparición de un arsenal bajo su custodia. Años después, su nombre volvió a los titulares tras morir en un ataque de la Marina de Estados Unidos en el Caribe.
El robo que destapó una red de corrupción
Según la Fiscalía, entre marzo y septiembre de 2015 desaparecieron 264 armas de fuego del almacén de evidencias de la Sijín en Santa Marta. Las armas, que debían permanecer bajo custodia judicial, fueron retiradas mediante documentos falsificados y entregadas a estructuras criminales que operaban en la región.
La investigación permitió establecer que en la maniobra participaron cinco policías y un civil: Alejandro Carranza Medina, conocido con el alias de ‘Coroncoro’. De acuerdo con el expediente, Carranza acompañaba a una patrullera de la Sijín en los traslados ilegales del material bélico.
La ruta de las armas
Los peritajes grafológicos revelaron que más de 227 actas de retiro de armas fueron adulteradas con firmas falsas de fiscales. Parte de ese arsenal terminó, según la Fiscalía, en poder de la organización criminal Los Pachenca, también llamada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Este grupo, dedicado al narcotráfico, la extorsión y el control territorial en zonas rurales de Santa Marta y la Sierra Nevada, habría pagado por el armamento sustraído. La entrega de las armas reforzó su capacidad militar y les permitió expandir su dominio sobre rutas de droga y cobros ilegales al turismo.
Los implicados y las acusaciones
En abril de 2016, la Fiscalía capturó a seis personas por su participación en el robo: el mayor Rolando Pinzón García, jefe de la Sijín de Santa Marta; cinco uniformados de distintos rangos, y el civil Alejandro Carranza.
Los delitos imputados incluyeron concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, hurto agravado y constreñimiento ilegal.
Carranza fue uno de los primeros en aceptar cargos y colaborar con la investigación, lo que permitió vincular a los oficiales implicados y detallar la manera en que se sacaban las armas de los depósitos oficiales.
Un caso que marcó a la Policía Metropolitana
El escándalo por el robo masivo de armas dejó en evidencia una estructura de corrupción interna que, durante meses, operó sin ser detectada. La Fiscalía demostró que las actas alteradas tenían sellos auténticos y eran registradas en el sistema como movimientos regulares.
El caso fue calificado por los investigadores como “una de las mayores pérdidas de armamento institucional en la historia reciente del Magdalena”.
El proceso judicial continuó durante varios años y sirvió de base para posteriores investigaciones sobre nexos entre miembros de la fuerza pública y bandas del Caribe.
De los tribunales al mar Caribe
Siete años después de su captura, el nombre de Alejandro Carranza volvió a aparecer en los medios, esta vez por su muerte durante un operativo militar estadounidense en el mar Caribe.
El ataque, ocurrido el 16 de septiembre, se dio contra una embarcación que, según el Pentágono, transportaba cargamento ilícito. Sin embargo, familiares del fallecido aseguraron que era una lancha pesquera con problemas mecánicos.
Audenis Manjarres, prima de Carranza, reconoció la embarcación en videos difundidos por medios internacionales. “Era el bote de mi primo, el mismo con el que salía a pescar. No tenía droga ni armas. Solo querían regresar a tierra”, declaró.
Entre la sospecha y la duda
Aunque la Marina de Estados Unidos sostiene que el operativo formó parte de una misión antidrogas, no se han revelado pruebas públicas que confirmen la versión. El Gobierno colombiano aún recopila información para determinar si la operación ocurrió dentro de su jurisdicción marítima.
En el barrio Gaira, donde vivía Carranza, vecinos lo recuerdan como un hombre que alternaba el trabajo en el mar con labores ocasionales de mecánica. “Todos sabíamos que había tenido problemas con la justicia, pero ya llevaba años alejado de eso”, comentó un residente del sector.
Un pasado que vuelve a pesar
El hallazgo de los antecedentes de Carranza ha dado un nuevo giro al caso y ha abierto interrogantes sobre quién era realmente el hombre abatido en el Caribe.
Mientras Estados Unidos insiste en que se trató de una operación legítima, en Colombia el expediente de 2016 recuerda que el fallecido tuvo un papel clave en un episodio de corrupción que comprometió a la Policía y fortaleció a una de las bandas más peligrosas del país.
Hoy, la historia de Alejandro Carranza se mueve entre dos versiones: la del pescador inocente que su familia defiende y la del expresidiario que terminó envuelto, otra vez, en el lado oscuro del mar Caribe.