Mientras el Gobierno prepara un decreto transitorio tras la suspensión judicial, la mayoría de empresarios y sindicatos apoyó mantener el incremento del 23,7%, aunque no hubo consenso total
La discusión sobre el salario mínimo para 2026 entró en una fase decisiva luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijó un aumento del 23,7%. En respuesta, el Gobierno convocó a la Comisión Permanente de Concertación para evaluar el alcance del auto y definir el camino jurídico a seguir.
Tras la reunión extraordinaria, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que existe una posición mayoritaria entre empresarios y centrales obreras para no modificar el porcentaje inicialmente decretado, mientras se expide una norma transitoria que cumpla con lo ordenado por el alto tribunal.
Mayoría respalda mantener el 23,7 %
De acuerdo con el jefe de la cartera laboral, durante el encuentro se constató que “del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento”.
Añadió que las centrales sindicales coincidieron en esa postura y defendieron la necesidad de evitar un mensaje de inestabilidad en el mercado laboral. “La posición compartida es mantener el incremento, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía”, sostuvo.
El funcionario precisó que el Ejecutivo acatará la decisión judicial, pero insistirá en preservar el espíritu del aumento mientras el Consejo de Estado adopta un fallo definitivo.
Decreto transitorio y defensa jurídica
El Gobierno anunció que expedirá un decreto transitorio ajustado a los lineamientos del Consejo de Estado, con el objetivo de subsanar los vacíos señalados en la suspensión provisional.
Según explicó Sanguino, la administración “defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital”, en línea con el mandato constitucional.
La nueva norma deberá expedirse dentro del plazo fijado por el alto tribunal, mientras continúa el estudio de fondo sobre la legalidad del incremento.
Hacienda anuncia medidas para mipymes
En la misma reunión participó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que el Ejecutivo trabaja en medidas de apoyo para los sectores que podrían enfrentar mayores cargas.
El funcionario habló de ampliar el acceso a créditos de fomento, fortalecer líneas de respaldo al empleo productivo y evaluar mecanismos de compensación para pequeñas y medianas empresas.
“Queremos mantener el empleo en un contexto en el que habrá un incremento de la demanda”, aseguró, al señalar que la meta es evitar efectos adversos en la contratación formal.
Fenalco marca distancia
No obstante, la posición no fue unánime. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reiteró su desacuerdo con mantener el 23,7% sin una sustentación técnica detallada.
“El Consejo de Estado no autorizó modificar los datos utilizados; insistió en que toda estadística debe estar respaldada por su fuente oficial”, afirmó el dirigente gremial.
Para el vocero de los comerciantes, reexpedir el decreto sin corregir los reparos podría abrir la puerta a nuevas demandas y prolongar la inseguridad jurídica.
Advertencias sobre empleo e inflación
Fenalco advirtió que un incremento que no esté estrictamente alineado con inflación y productividad podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales.
El gremio también señaló que sectores como transporte, comidas fuera del hogar y salud ya reflejan incrementos significativos, lo que según su lectura podría afectar el bolsillo de los hogares.
Cabal sostuvo que un aumento de esta magnitud ejerce presión sobre más de un millón de micro y pequeñas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial del país.
Petro insiste en el salario vital y móvil
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente la conveniencia económica y social del incremento, y reiteró su apuesta por avanzar hacia un esquema de salario mínimo “vital y móvil”.
El mandatario ha señalado que el ajuste no ha generado los efectos inflacionarios que algunos sectores pronosticaron y llamó a empresarios y trabajadores a mantener el diálogo.
Mientras se define el contenido del decreto transitorio y el Consejo de Estado estudia el caso de fondo, el debate sobre el alcance y sostenibilidad del aumento sigue abierto, con implicaciones directas para millones de trabajadores y empleadores en todo el país.