Ocho líderes sociales y religiosos que habían desaparecido en abril en Calamar, Guaviare, fueron hallados sin vida en una fosa común. Autoridades confirmaron que fueron ejecutados por disidencias de las Farc bajo una sospecha infundada de ser infiltrados del ELN.
El hallazgo de los cuerpos de Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri y Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón, puso fin a casi tres meses de incertidumbre. La Fiscalía General de la Nación y tropas del Ejército localizaron sus restos el 1 de julio en una zona rural del municipio de Calamar, tras una serie de operativos apoyados por información suministrada por el CICR.
Según el fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, las víctimas fueron obligadas a cavar su propia fosa antes de ser asesinadas con armas de fuego por miembros del Frente Primero del Estado Mayor Central, disidencia de las Farc comandada por alias “Iván Mordisco”. La hipótesis que manejan las autoridades es que los líderes fueron ejecutados por la supuesta sospecha de que eran integrantes del ELN.
“La investigación indica que se trató de una paranoia criminal. Por su procedencia, algunos desde Arauca, los asesinos asumieron que eran emisarios del ELN intentando ingresar a la zona”, explicó González en entrevista con medios nacionales. Además, detalló que el hallazgo fue posible gracias a la captura de un integrante de ese grupo armado, en cuyo celular había fotos que documentaban el crimen.
Las víctimas, todas con algún tipo de liderazgo social o religioso, habían llegado al Guaviare en busca de nuevas oportunidades a través de iniciativas comunitarias. “Eran personas humildes, campesinos que querían sacar adelante sus proyectos agrícolas”, aseguró un habitante del sector que prefirió no revelar su identidad por seguridad. Varios de ellos estaban vinculados a iglesias cristianas y otros a programas de desarrollo rural.
El caso comenzó a tomar fuerza a principios de abril, cuando dos de los líderes fueron citados por los disidentes para una supuesta reunión de verificación. Dos días después, otros seis fueron llamados. A partir de allí no se volvió a saber nada de ellos, y sus familias iniciaron una intensa búsqueda con apoyo de organismos humanitarios y autoridades locales.
Una fuente de la Fiscalía reveló que la orden de ejecutar a los líderes provino de la cúpula del Frente Armando Ríos, al servicio de “Iván Mordisco”. “Se trató de una acción preventiva bajo su lógica criminal. Temían perder el control del territorio ante la aparición de otra estructura armada”, puntualizó. Esta zona del Guaviare ha sido escenario de enfrentamientos entre disidencias y grupos como el ELN, que buscan expandirse.
El hallazgo de los cuerpos fue posible tras la liberación de otros dos secuestrados en la misma región. Durante ese proceso humanitario, hombres armados entregaron información sobre los lugares de entierro. “También nos proporcionaron datos sobre fosas comunes. Esa información fue clave”, informó el CICR a través de un comunicado.
Los cuerpos fueron trasladados a Villavicencio, donde el Instituto Nacional de Medicina Legal adelanta las pruebas de identificación. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo insistió en la urgencia de proteger a las comunidades del Guaviare: “No podemos seguir contando víctimas sin que haya garantías reales. Urgimos al Estado a no abandonar a estas poblaciones”, advirtió la entidad en un llamado a las autoridades nacionales.