Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los tres funcionarios por la retención irregular de mercancía
La medida cobija al fiscal seccional de Santa Marta, Leopoldo Eduardo Montes Dávila, y a los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez. Según el ente acusador, los procesados estarían implicados en la interceptación de un tractocamión que transportaba 15 motores de importación el pasado 24 de enero en la vía a Bosconia, Cesar.
La investigación señala que el vehículo fue desviado a un parqueadero tras un procedimiento policial presuntamente arbitrario. El fiscal Montes Dávila habría emitido un oficio para dejar la carga a disposición de su despacho, bajo el argumento de que los motores estarían vinculados a actividades de narcotráfico y contrabando, hechos que no correspondían a la realidad.
Posteriormente, los funcionarios habrían contactado al propietario de la mercancía para exigirle el pago de 300 millones de pesos a cambio de devolverle los bienes y no judicializarlo. Tras una serie de contactos, la suma habría sido renegociada por los implicados hasta fijarse en 100 millones de pesos.
Sobre la decisión judicial, la Fiscalía General de la Nación informó a través de sus canales oficiales “Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y a los patrulleros”.
Las autoridades determinaron que el fiscal asumió el caso sin tener la competencia legal para ello y que, presuntamente, incluyó el procedimiento en un expediente antiguo para darle una apariencia de legalidad a la retención. Por estos hechos, la institución capturó al funcionario en vía pública mientras que los patrulleros fueron vinculados formalmente al proceso penal.
Respecto a la tipificación de los delitos, la comunicación oficial del ente investigador precisó lo siguiente “En ese sentido, una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados el delito de concusión. Adicionalmente, al funcionario judicial le fue formulado el cargo de prevaricato por omisión agravado”.