El presidente condicionó la permanencia de los mandatarios locales a la radicación de acuerdos municipales que alivien la carga tributaria para frenar el paro catastral
La crisis social desatada por la actualización de los avalúos catastrales en Santander, Boyacá y Norte de Santander dio un giro radical hacia una confrontación de poderes. El presidente Gustavo Petro, a través de sus canales oficiales y ratificándolo en un Consejo de Ministros en Ipiales, advirtió que removerá de sus funciones a los alcaldes que no presenten ante sus concejos municipales proyectos para reducir las tasas del impuesto predial a campesinos y trabajadores.
Esta medida de presión surge como respuesta a los bloqueos viales que mantienen en jaque al oriente del país. Según el jefe de Estado, aunque el Gobierno Nacional cumple con la ley al actualizar el catastro, son los municipios los que tienen la autonomía para fijar las tarifas. Al no reducir estos cobros, el presidente considera que los mandatarios locales están “alterando el orden público”, lo que justificaría su intervención directa sobre cargos de elección popular.
“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, fue la contundente advertencia del mandatario. Esta declaración ha encendido alarmas jurídicas, pues la Constitución colombiana establece que la destitución de alcaldes es competencia de los entes de control y no de la rama ejecutiva, un punto que el presidente parece haber omitido en su estrategia para destrabar el paro.
En su comunicación, Petro también lanzó dardos contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a quien instó a dejar de “engañar a su pueblo” con la idea de que el alza es responsabilidad de la nación. “Reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial; la paz es un derecho y punto”, señaló el presidente, delegando la solución del conflicto a la gestión de las autoridades regionales.
El diagnóstico del Ejecutivo apunta a que los grandes propietarios y terratenientes están utilizando a los pequeños agricultores para protestar contra impuestos que ellos deberían pagar. “Que el campesinado deje de estar engañado; los terratenientes no quieren pagar impuestos y le dicen a los campesinos que los van a grabar”, denunció Petro, insistiendo en que el predial debe ser progresivo: que los pobres paguen poco y los ricos paguen mucho.
Vinculando la crisis interna con el panorama internacional, el presidente aseguró que no permitirá un incremento en el costo de vida derivado de los cierres viales. “Hoy la prioridad en tiempos de guerra en Irán y Medio Oriente es la comida en Colombia”, manifestó, al tiempo que instruyó a las “guardias libertadoras” a organizarse para garantizar que las carreteras se abran al paso de los suministros alimenticios esenciales para la población.
Finalmente, el mandatario reiteró que su gobierno no busca reprimir a los manifestantes, sino “emancipar” al pueblo de lo que llamó engaños políticos. “No sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden”, concluyó Petro, dando un plazo de apenas 24 horas para que se radiquen los acuerdos que, según sus cálculos, deberían estar aprobados en no más de 15 días.
