El Jefe de Estado aseguró que el incremento del 23% cumple con los mandatos de la Carta Política y convocó a la movilización popular frente a la decisión del Consejo de Estado
El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza ante la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, sosteniendo que la medida judicial pone en jaque la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. A través de un extenso pronunciamiento, el mandatario defendió la legalidad de su decisión y anunció que, aunque acatará la orden de emitir un nuevo decreto transitorio, lo hará bajo una interpretación estrictamente constitucional.
La controversia escaló luego de que el alto tribunal ordenara al Gobierno Nacional presentar, en un plazo de ocho días, un nuevo ajuste salarial basado en criterios técnicos de inflación y productividad. Ante esto, Petro enfatizó que su propuesta de “salario vital” no es un capricho político, sino una obligación derivada de las normas superiores que rigen al país, las cuales impiden que la remuneración de los ciudadanos se deteriore frente al costo de vida.
Defensa del marco constitucional
El mandatario colombiano fue enfático al señalar que el decreto suspendido no carece de sustento, argumentando que la cifra del 23% fue calculada para dignificar el ingreso de los sectores menos favorecidos. Según Petro, la justicia debe considerar el impacto social de estas decisiones por encima de las presiones técnicas o gremiales que motivaron las demandas.
“El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”, afirmó el presidente a través de su cuenta en la red social X.
Para el Ejecutivo, la suspensión representa una interferencia en las facultades del Gobierno para dirigir la política económica y social. Petro insistió en que el equipo técnico ya había evaluado las variables necesarias, asegurando que el incremento propuesto tiene una incidencia mínima en la inflación de los productos de la canasta básica.
Respuesta a la medida cautelar
A pesar de su desacuerdo, el jefe de Estado confirmó que cumplirá con la elaboración de un nuevo acto administrativo para evitar un vacío legal que afecte los pagos de las nóminas en el corto plazo. No obstante, advirtió que este nuevo documento mantendrá la esencia de su política social y no renunciará a los principios que motivaron el alza original.
“Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución”, sentenció el mandatario.
Petro también cuestionó el impacto que la suspensión tiene sobre la estabilidad jurídica de los trabajadores. Según su análisis, anular o pausar estas prerrogativas gubernamentales debilita la figura del Ejecutivo como garante de los derechos laborales en Colombia, generando una tensión directa entre las ramas del poder público.
Convocatoria a movimientos sociales
Como parte de su estrategia para respaldar el salario de 2 millones de pesos, el presidente hizo un llamado a las organizaciones de trabajadores y movimientos sociales para que se manifiesten sobre la situación. Para el Gobierno, la discusión no debe quedarse únicamente en los despachos judiciales, sino que debe trasladarse a las calles y a las mesas de concertación nacional.
“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario”, explicó Petro en la misma publicacion.
El mandatario sugirió que el sector empresarial y las altas cortes deben entender que el Gobierno responde a un mandato popular. En este sentido, instó a una reevaluación de los estudios económicos que, según él, demuestran que el aumento no es el causante del alza de precios, sino que otros factores como las tasas de interés tienen mayor peso en la economía.
Llamado a la expresión popular
Finalmente, el presidente Petro cerró su intervención con una invitación directa a la ciudadanía para que tome una postura activa frente a lo que considera una medida “antisocial”. Para el líder del Pacto Histórico, la independencia judicial no debe ser ajena a la realidad económica de millones de colombianos que dependen del salario mínimo para su subsistencia.
“Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”, concluyó el jefe de Estado.
Con este panorama, se espera que en los próximos días el Ministerio del Trabajo lidere las reuniones para redactar el decreto transitorio exigido por el Consejo de Estado, mientras la opinión pública permanece atenta a las posibles movilizaciones anunciadas por los sectores afines al Gobierno.