La decisión del Consejo de Estado que anuló la protección ampliada de la ‘Línea Negra’ genera preocupación entre autoridades indígenas, que advierten un posible debilitamiento de los controles sobre intervenciones en su territorio ancestral
El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había redefinido y ampliado la protección de los espacios sagrados de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. La decisión se fundamentó en fallas sustanciales de trámite, entre ellas la ausencia de cartografía oficial publicada y deficiencias en el proceso de consulta previa.
Con este fallo desaparece el marco jurídico que extendía de 54 a 348 los sitios reconocidos dentro del sistema espiritual conocido como la ‘Línea Negra’, delimitación que obligaba a adelantar procesos de concertación antes de ejecutar proyectos en amplias zonas de Magdalena, La Guajira y Cesar.
Mayor presión sobre el territorio
Tras la nulidad, autoridades indígenas advirtieron que el nuevo escenario podría facilitar el impulso de iniciativas extractivas y de infraestructura en áreas que antes estaban sujetas a controles más estrictos.
Durante la vigencia del decreto, cualquier proyecto dentro del polígono debía surtir consulta previa con las autoridades tradicionales. Sin esa delimitación ampliada, sostienen que se reduce la claridad jurídica para exigir ese procedimiento en todos los puntos reconocidos.
Sectores como la Asociación Colombiana de Minería, la Cámara Colombiana de la Construcción y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas habían cuestionado la norma al considerar que generaba inseguridad jurídica y afectaba la planificación de inversiones.
Argumentos del alto tribunal
En su sentencia, el Consejo de Estado concluyó que el decreto presentó irregularidades formales que afectaron su validez. Entre ellas, la no publicación oficial de la cartografía de la ‘Línea Negra’ y la falta de consulta previa integral con otros grupos étnicos ubicados dentro del área delimitada.
La corporación señaló que estas omisiones vulneraron el derecho a la participación ciudadana y no podían ser subsanadas posteriormente.
Por esa razón, determinó que el acto administrativo debía ser anulado en su totalidad.
Alcance ambiental y cultural
La Sierra Nevada fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1979, reconocimiento que destaca su biodiversidad y su importancia ecológica para el Caribe colombiano.
Además, en 2022, el sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas fue inscrito por la misma organización en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Para las comunidades, los sitios sagrados no son puntos aislados sino una red espiritual interconectada que garantiza el equilibrio natural, por lo que cualquier intervención tendría implicaciones tanto ecológicas como culturales.
¿Qué implica la decisión para el territorio indígena?
La nulidad del Decreto 1500 no elimina los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ni la obligación de consulta previa cuando corresponda. Sin embargo, sí reduce el alcance específico que tenía la delimitación ampliada de la ‘Línea Negra’.
En la práctica, se pierde un instrumento jurídico que daba respaldo claro sobre 348 espacios considerados de especial protección, lo que abre un periodo de incertidumbre normativa mientras se define un nuevo mecanismo legal.
Las autoridades tradicionales sostienen que esta situación puede debilitar su capacidad de actuar de manera preventiva frente a proyectos que afecten su territorio ancestral.
¿Cuál es la principal preocupación de las comunidades?
El temor central es que, sin ese blindaje ampliado, aumente la presión de compañías interesadas en desarrollar actividades mineras, energéticas o grandes obras en zonas de alto valor ambiental y espiritual.
También advierten posibles impactos sobre ecosistemas estratégicos, fuentes hídricas y fauna silvestre si se flexibilizan controles en áreas sensibles de la Sierra.
Más allá del aspecto material, insisten en que intervenir un sitio sagrado representa una afectación directa a su cosmovisión y a la transmisión de su conocimiento ancestral, por lo que piden al Gobierno avanzar en un nuevo instrumento jurídico que garantice protección efectiva respetando los parámetros fijados por la justicia.