Sandra Liliana Heredia, jueza que dictó 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe, enfrenta amenazas de muerte y una campaña de hostigamiento. Organismos nacionales e internacionales exigen medidas urgentes de protección
La sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal no solo marcó un hito judicial en Colombia. También desató una ola de amenazas contra la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable de la condena, lo que hoy la tiene en el centro de un debate sobre la independencia de la justicia.
El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial (Fasol) confirmó que solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad de la magistrada y de su familia.
Campaña de intimidación
Desde el fallo, Heredia ha sido blanco de mensajes hostiles, señalamientos y amenazas directas contra su vida. En redes sociales y en algunos escenarios políticos, la jueza ha sido acusada de tener simpatías con grupos armados, una narrativa que busca restarle legitimidad a su decisión judicial.
“Lo que estamos viendo es una campaña para amedrentar a la judicatura y sembrar miedo. No es un ataque personal, es un ataque a la justicia misma”, señaló un vocero de Fasol.
Preocupación en el poder judicial
Los datos que acompañan la solicitud de Fasol revelan la magnitud del problema. Solo en los últimos tres años, cada nueve días se ha registrado un ataque contra funcionarios judiciales en Colombia, con un saldo de más de 1.400 casos de amenazas, exilios, secuestros y asesinatos.
“Si la justicia no puede actuar con independencia, la democracia pierde su pilar fundamental. La seguridad de la jueza Heredia debe ser una prioridad”, expresó una magistrada de Bogotá, quien pidió reserva de su nombre por seguridad.
Llamado a las autoridades
La organización judicial también instó a la Fiscalía a abrir investigaciones urgentes frente a las amenazas y al Gobierno nacional a brindar garantías de protección. “La demora en actuar puede tener consecuencias irreparables. Cada día que pasa aumenta el riesgo”, alertó Fasol en un comunicado.
Desde el Ejecutivo no se han confirmado aún medidas concretas, pero fuentes cercanas al Ministerio de Justicia reconocieron que el tema está siendo evaluado.
Una decisión bajo presión
Mientras tanto, la defensa del expresidente Uribe insiste en su inocencia y ha anunciado que apelará la sentencia. Sin embargo, el debate público se ha trasladado de lo jurídico a lo político, lo que incrementa la presión sobre el sistema judicial.
“La jueza actuó dentro del marco de la ley y con todas las garantías del debido proceso. Lo que sigue ahora es protegerla, porque si cae una jueza por miedo, caen todas”, declaró un profesor de derecho penal de la Universidad Nacional.
Lo que está en juego
La situación de Sandra Liliana Heredia no es un caso aislado, sino un reflejo de las tensiones entre poder político y judicial en Colombia. Para Fasol, el ataque contra la magistrada representa un intento de silenciar las decisiones que incomodan a los sectores más poderosos.
“Proteger a la jueza es proteger el derecho de todos los colombianos a tener una justicia independiente”, concluyó la organización.