El grupo ilegal tiene presencia en 296 municipios, cerca de 10.000 integrantes y una nómina mensual que supera los 5.500 millones de pesos, según el más reciente análisis de la Fundación Ideas para La Paz
Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte que, mientras el grupo ilegal avanza en diálogos con el Gobierno en Catar, también ha incrementado en 140 % su pie de fuerza, extendido su influencia a 296 municipios y consolidado una estructura financiera que le permite pagar salarios y sostener operaciones en al menos cuatro focos de confrontación armada.
La negociación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) se desarrolla en medio de un escenario contradictorio: expansión territorial y fortalecimiento militar del grupo ilegal, según el más reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
De acuerdo con la fundación, el Clan del Golfo considerado hoy la mayor amenaza para la seguridad del país, no solo mantiene presencia en 17 departamentos, sino que concentra cerca del 36 % de los integrantes de organizaciones armadas ilegales en Colombia, con un estimado de 9.840 miembros.
Una estructura que no deja de crecer
Según el informe de la FIP, entre 2022 y 2025 el grupo pasó de 4.099 integrantes a casi 10.000, lo que representa un aumento del 140 % en su pie de fuerza. En paralelo, duplicó su presencia municipal: de 145 municipios en 13 departamentos a 296 en 17 departamentos.
“La organización no solo ha resistido la presión de la Fuerza Pública, sino que ha logrado expandirse territorialmente y consolidar redes de apoyo que hoy suman más de 6.500 personas, además de más de 3.300 hombres en armas”, señala el documento, que advierte que uno de cada cuatro combates registrados por las autoridades involucra a esta estructura.
La fundación también describe una arquitectura interna compuesta por un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 frentes o subestructuras, lo que le permite operar como una red articulada con mando central, pero con capacidad de adaptación regional.
La nómina y los incentivos económicos
Uno de los puntos más sensibles del informe es el relacionado con la financiación del grupo. Según la FIP, la organización destina alrededor de 1,5 millones de dólares mensuales unos 5.500 millones de pesos al pago de salarios.
“El sostenimiento de una estructura con cobertura en casi 300 municipios implica costos elevados en nómina, material de guerra y logística. Esta presión financiera es, paradójicamente, uno de los incentivos que explican la disposición del grupo a explorar una negociación”, precisa el análisis.
Los pagos, de acuerdo con el trabajo de campo citado por la fundación, van desde 1,5 millones de pesos mensuales para puntos o campaneros, hasta 17 millones para comandantes de frente. A esto se suman apoyos económicos para las familias de los integrantes, lo que fortalece los mecanismos de reclutamiento y permanencia.
¿Por qué negociar en medio del fortalecimiento?
El informe identifica al menos cinco motivaciones que explicarían el interés del EGC en dialogar con el Gobierno. Entre ellas, el reconocimiento político y simbólico de su nombre, los costos de operación, el riesgo de bajas en enfrentamientos o disputas internas y la expectativa de preservar parte de sus ganancias en un eventual escenario de desmovilización.
“La negociación actual es distinta a procesos anteriores porque el grupo acepta discutir una eventual desmovilización, lo que implica entrega de armas y sometimiento a un marco jurídico para responder por sus crímenes y ante las víctimas”, destaca la FIP.
Además, la agenda no contempla reformas estructurales del Estado. El objetivo central es desmontar el sistema de extorsiones y economías ilegales en los territorios donde el grupo ejerce control, reemplazándolo por presencia institucional efectiva.
Avances y riesgos en la mesa de Catar
Los diálogos, instalados en Doha, han completado dos ciclos. En el primero se acordaron pilotos de transformación territorial en cinco municipios y compromisos como no interferir en procesos electorales y permitir el desminado humanitario. En el segundo, se pactó la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía.
Sin embargo, la fundación advierte que “persisten obstáculos estructurales como la falta de marcos jurídicos adecuados, la limitada articulación institucional y la ausencia de herramientas eficaces para hacer cumplir los compromisos”. También alerta sobre el riesgo de que, en el intento de estabilizar regiones, se terminen validando esquemas de gobernanza ilegal ya instalados.
Otro desafío clave es la posibilidad de que surjan disidencias si no se logra un acuerdo sólido. “El entramado económico del Clan, que combina rentas ilegales con conexiones en la legalidad, constituye un incentivo poderoso para el reciclaje de estructuras, tanto por parte de mandos medios como de actores que operan desde las sombras”, advierte el documento.
La FIP concluye que, aunque es improbable cerrar un acuerdo definitivo antes del fin del actual gobierno, aún es posible fortalecer compromisos que permitan dar continuidad a la mesa. No obstante, subraya que cualquier error en los meses restantes podría revertir los avances alcanzados y consolidar aún más a la organización armada más grande del país.