Durante su presidencia en el Senado, Efraín Cepeda manejó un millonario presupuesto que terminó beneficiando a políticos cercanos y viejos aliados de la costa Caribe. La contratación a dedo marcó su paso por el poder legislativo.
Más de 2.200 contratos por un valor superior a los $302.000 millones fueron adjudicados desde el Senado durante el último año. Efraín Cepeda, senador conservador y presidente saliente del Congreso, estuvo en el centro de la gestión de estos recursos, muchos de los cuales terminaron en manos de personas cercanas a su círculo político.
Aunque Cepeda no firma directamente los contratos, como él mismo lo aclara, los documentos muestran una clara línea de favoritismo hacia figuras políticas del Caribe, varios de ellos con vínculos históricos con el conservatismo regional. Entre ellos destacan exconcejales, exdiputados y exfuncionarios públicos con pasado político ligado al senador barranquillero.
Uno de los beneficiarios fue Anatolio Santos Olaya, exsecretario de Desarrollo Económico del Atlántico, quien recibió dos contratos por $119,5 millones. Santos tiene cercanía con Eduardo Verano de la Rosa, figura clave en el Atlántico y aliado político de Cepeda. El vínculo político entre los tres es bien conocido en la región.
También aparece Betty del Socorro Echavarría, vieja militante conservadora con afinidad a Roberto Gerlein, ya fallecido. Echavarría recibió contratos por $63 millones para prestar servicios a la Presidencia del Senado. “Aquí se siguen premiando los favores de campaña con cargos o contratos”, comentó un funcionario del Capitolio que pidió reserva de identidad.
A esta lista se suman otros nombres del Caribe, como el exdiputado Camilo Andrés Lacouture Ackerman, quien obtuvo $74,5 millones. Varios expersoneros y exalcaldes de municipios pequeños también fueron incluidos en el paquete de contratación. Todos ellos con lazos políticos con Cepeda o con su estructura regional.
Desde la oficina del senador respondieron que “no hay irregularidades ni impedimentos para contratar personas que compartan la visión política del congresista”, una declaración que ha generado malestar entre sectores de la oposición y en algunos organismos de control.
Uno de los casos más polémicos es el de Emilio Otero, exsecretario del Senado, quien firmó un contrato por $37,5 millones para asesorías en reglamento interno, a pesar de haber sido vinculado en investigaciones pasadas por presuntos vínculos con estructuras ilegales. “Parece que el criterio de contratación no fue la idoneidad, sino la lealtad política”, señaló un exasesor del Congreso.
Otro punto crítico está en la adjudicación de más de $20.000 millones a Telecaribe, canal público del Caribe colombiano, para producir contenido legislativo. Los contratos se dieron sin mayor explicación y despertaron alertas entre expertos en contratación pública.
Cepeda culmina su presidencia en medio de señalamientos de favorecer a sus aliados y de obstaculizar reformas clave del Gobierno. Mientras tanto, los beneficiados por su administración disfrutan de los contratos y el poder que les otorgó el paso del senador por la cúpula del Congreso.