El Gobierno de Estados Unidos ordenó bombardeos sobre embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico; las acciones, según autoridades, dejaron 14 fallecidos y un superviviente.
Estados Unidos ejecutó tres ataques contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, una ofensiva que, según funcionarios estadounidenses, mató a 14 personas y elevó a más de 50 el total de muertos en una serie de operativos contra el tráfico de drogas. El presidente autorizó las acciones, que las autoridades describen como dirigidas a embarcaciones usadas por organizaciones criminales transnacionales.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, precisó la distribución de víctimas: “ocho hombres murieron en el primer bombardeo; cuatro en el segundo; tres en el tercero”, y agregó que en conjunto fueron atacadas cuatro embarcaciones detectadas en rutas asociadas al narcotráfico. Hegseth sostuvo además que “nuestras agencias de inteligencia habían identificado las cuatro embarcaciones. Transitaban rutas conocidas por el narcotráfico y transportaban drogas”.
Tras los ataques hubo al menos un superviviente; equipos militares realizaron operaciones de búsqueda y rescate y, según el Pentágono, las autoridades mexicanas aceptaron coordinar la recuperación del herido. Hegseth explicó que el Comando Sur activó los protocolos SAR y que México asumió la responsabilidad de la coordinación.
En Washington, la administración justifica las acciones con un cambio doctrinal: el Gobierno notificó al Congreso que considera que la lucha contra los cárteles constituye un “conflicto armado no internacional” frente a grupos armados no estatales implicados en el tráfico de estupefacientes. Ese marco legal ha sido esgrimido para autorizar operaciones letales en aguas internacionales.
No obstante, legisladores y organizaciones civiles han cuestionado la legalidad de los bombardeos y los han calificado como posibles ejecuciones extrajudiciales. Exigen que la administración aporte pruebas que vinculen a las personas abatidas con actividades terroristas o de tráfico antes de justificar ataques en alta mar.
El propio presidente lanzó un mensaje duro sobre la política a seguir: “No creo que vayamos a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país… Vamos a matarlos”, afirmó en una reunión en la Casa Blanca, y remató: “Van a terminar muertos, ¿entendido?”.
Mientras tanto, el Pentágono reforzó su presencia en la región: el portavoz Sean Parnell dijo que la movilización busca “fortalecer la capacidad de Estados Unidos para detectar, seguir y neutralizar actores y operaciones ilícitas que amenazan la seguridad del territorio estadounidense y la estabilidad del hemisferio occidental”.
Ante la escalada, organismos internacionales y agencias científicas han señalado que la mayor parte de la cocaína proviene de países andinos no de Venezuela y que vincular automáticamente a gobiernos con el narcotráfico requiere evidencia. Desde el Congreso colombiano, la senadora Martha Peralta criticó la respuesta estadounidense y comparó: “Mientras Estados Unidos acabó con la vida de 14 personas, el Presidente Gustavo Petro anuncia la incautación de 8 toneladas de cocaína… ¡SIN UN SÓLO MUERTO!”.