La iniciativa ha despertado reacciones encontradas en la clase política, pero recoge una exigencia ciudadana de años: disminuir los ingresos de los parlamentarios, en medio de reclamos por la negativa del Congreso a respaldar aumentos salariales y reformas en favor de los sectores que menos ganan
El Gobierno nacional avanza en la preparación de un decreto que eliminaría la prima especial que reciben los congresistas y abriría la puerta a una reducción efectiva de sus ingresos a partir de la próxima legislatura. La medida se enmarca en la política de austeridad fiscal del Ejecutivo y en el discurso de equidad promovido por el presidente Gustavo Petro, en un país donde la brecha entre los salarios de los altos funcionarios y el ingreso promedio de los ciudadanos sigue siendo motivo de polémica.
Austeridad y sustento jurídico
El plan oficial contempla derogar el Decreto 2170 de 2013, norma que creó una prima especial para los miembros del Congreso. Desde el Gobierno se sostiene que este beneficio no es obligatorio y que su eliminación es jurídicamente viable con base en la Ley 4 de 1992 y en la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, que establece que el Ejecutivo puede reconocer o no este tipo de primas según las circunstancias.
El Ministerio de Hacienda considera que las condiciones que dieron origen a ese beneficio ya no se sostienen y que su permanencia genera desequilibrios salariales. En ese sentido, el Ejecutivo advierte que la remuneración actual de los congresistas “resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población”, argumento que aparece de manera reiterada en el borrador del decreto.
La eliminación de la prima tendría efectos fiscales inmediatos una vez sea publicada la norma y aplicaría exclusivamente para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, respetando los derechos adquiridos de los actuales legisladores.
Las voces del Gobierno
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que la supresión de esta prima hace parte del paquete de medidas de reducción del gasto que estudia el Ejecutivo. “Creemos que en todo esto el Congreso de la República debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en la supresión de una de las medidas que fueron adoptadas en 2013: unas primas especiales en el Congreso, que creemos que son desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República”, afirmó.
Ávila explicó que la discusión sobre los ingresos de los congresistas se da en paralelo a otras decisiones económicas de alto impacto, como la eventual repatriación de inversiones de los fondos de pensiones. “Tenemos en análisis un proyecto de decreto que va a plantear una repatriación de esos recursos, que son básicamente de los trabajadores, los recursos de los colombianos que están colocados en el exterior y que hoy pueden financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país”, reiteró.
Según el ministro, estos recursos podrían destinarse a proyectos férreos, viales y de infraestructura aérea, marítima y fluvial, evitando acudir a nuevas fuentes de endeudamiento. “Perfectamente estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos”, puntualizó.
Reacciones políticas y debate salarial
Desde el Ministerio del Trabajo, Antonio Sanguino respaldó la iniciativa y recordó que la prima fue creada en 2013. El funcionario calificó ese beneficio como un “regalazo” otorgado en su momento y aseguró que su eliminación es un “acto de justicia” frente a la inconformidad social que ha generado.
Sanguino enfatizó que no se trata de una sanción contra los congresistas, sino de una corrección necesaria para armonizar los salarios del Estado con la realidad del país y con la prioridad de mejorar los ingresos de quienes menos ganan.
El exministro del Interior y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo también celebró la propuesta. “Ojalá se concrete. Extraordinaria decisión del Gobierno”, escribió en su cuenta de X, al tiempo que recordó que desde la pandemia había planteado esta salida como una forma efectiva de reducir los altos salarios del Congreso sin necesidad de reformas constitucionales. “La prima no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar”, afirmó.
El trasfondo del salario congresional
Actualmente, los congresistas colombianos figuran entre los funcionarios mejor remunerados del sector público. Con los ajustes recientes, su salario mensual se acerca a los 52 millones de pesos y equivale a más de 30 veces el salario mínimo legal vigente, lo que ha alimentado la indignación ciudadana en un contexto de alto costo de vida.
Además del salario base, los parlamentarios reciben beneficios adicionales que elevan significativamente el costo para el Estado, como gastos de representación, logística y seguridad. Analistas advierten que, sumados estos rubros, el gasto mensual por cada legislador supera con creces el ingreso básico.
Pese a que en repetidas ocasiones se han presentado iniciativas para reducir los salarios del Congreso o atarlos a un múltiplo menor del salario mínimo, estas no han prosperado en el Legislativo. Por ello, el decreto que prepara el Gobierno Petro aparece como una de las vías más concretas para responder a una demanda que, desde hace años, une a buena parte de la opinión pública: que los congresistas ganen menos y el ajuste empiece por casa.