Gobierno de Gustavo Petro decreta reserva temporal sobre 942 mil hectáreas de la Sierra Nevada para restringir la minería
Esta normativa suspende por un bienio la entrega de nuevas concesiones mineras en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible oficializó la Resolución 280 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual se declaran 942.005 hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta como reserva ambiental temporal. La medida, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca frenar la expansión extractivista en este ecosistema estratégico, garantizando el suministro hídrico para las cuencas que abastecen a la región Caribe y salvaguardando el patrimonio biocultural de la zona.
Esta determinación surge como un “escudo urgente” tras la reciente anulación de normas que protegían los sitios sagrados de los pueblos originarios por parte del Consejo de Estado. Con la nueva delimitación, la Agencia Nacional de Minería tiene prohibido otorgar nuevos títulos o contratos de exploración y explotación en el área. Al respecto, el mandatario nacional celebró el avance desde su cuenta de X “La Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, acaba de ser protegida por el gobierno… Así cuidamos a las comunidades indígenas, a la humanidad y la vida”.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, explicó que el objetivo es otorgar una protección de dos años mientras se define una figura de manejo ambiental permanente. Esta decisión atiende la solicitud realizada el pasado 14 de febrero por los pueblos Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, quienes exigieron garantías para la “Línea Negra”. En sus redes, Vélez subrayó “Avanzamos en garantías de gobernabilidad ambiental para la integridad de la Línea Negra”, reconociendo el valor espiritual de Gonawindua.
En cuanto a la actividad económica actual, el Gobierno aclaró que los títulos mineros que ya cuentan con contratos vigentes y licencias ambientales al día podrán continuar sus operaciones de manera normal. No obstante, la resolución es tajante al prohibir cualquier tipo de prórroga o ampliación de dichos proyectos, limitando su existencia al tiempo inicialmente pactado y evitando que el impacto ambiental se extienda fuera de los límites autorizados.
La normativa también contempla excepciones específicas para no frenar el desarrollo local y social de los tres departamentos afectados. Se permitirá la extracción de materiales de construcción (arena o piedras) siempre que estos sean destinados exclusivamente a obras públicas de infraestructura. Asimismo, la pequeña minería artesanal que ya se encuentra en trámites de legalización podrá seguir su curso, reconociendo el sustento de las comunidades locales que dependen de esta práctica tradicional.
Para los cuatro pueblos de la Sierra, la medida es un alivio ante los riesgos que corren las nieves perpetuas y los corales, elementos que consideran vitales para el equilibrio universal. La declaratoria se presenta como un mecanismo de precaución para evitar daños irreversibles en un territorio donde la presión por los recursos naturales ha generado tensiones históricas entre empresas multinacionales y los guardianes ancestrales de la montaña.
Finalmente, este blindaje de casi un millón de hectáreas posiciona a la Sierra Nevada como una de las áreas de reserva temporal más extensas de la historia colombiana. El debate ahora se traslada a la construcción de un modelo de conservación definitivo que concilie el uso del suelo con la protección del agua, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar su agenda de “paz con la naturaleza” frente a la crisis climática global.