La solicitud fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia y cuestiona la valoración probatoria realizada por el Tribunal Superior de Bogotá al revocar la condena de primera instancia
La Fiscalía General de la Nación formalizó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación con la que pretende revertir la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, y reabrir el camino hacia una eventual condena penal.
El recurso busca que la Sala Penal examine la legalidad del fallo de segunda instancia que dejó sin efectos la sentencia condenatoria de 12 años de prisión domiciliaria impuesta en primera instancia por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
La decisión que reabre el pulso judicial
La demanda fue presentada por la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela Ramírez, quien cuestionó la forma en que el Tribunal valoró el material probatorio recaudado durante el juicio.
En el documento, la Fiscalía sostiene que los magistrados incurrieron en errores de hecho y de derecho al analizar testimonios clave y pruebas técnicas, lo que, a su juicio, derivó en una absolución que no se ajusta a los estándares legales.
“He tenido el cuidado de exponer los graves y trascendentes errores cometidos por la Sala mayoritaria al proferir fallo absolutorio”, señaló la fiscal Orjuela al referirse a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
Las pruebas en disputa
Uno de los puntos centrales del recurso de casación está relacionado con las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Uribe, las cuales fueron excluidas por el Tribunal al considerar que se vulneró el principio de buena fe.
Para la Fiscalía, dichas interceptaciones deben mantenerse como prueba válida, al tratarse de “un error humano y razonable” de los investigadores, quienes confundieron el número del entonces senador con el de otro excongresista investigado en el caso del ‘Cartel de la Toga’.
El ente acusador sostiene que, más allá del error inicial, existían indicios suficientes de la comisión de un posible delito, razón por la cual la jueza de primera instancia les dio validez dentro de la sentencia condenatoria.
El trasfondo del proceso
El caso, conocido como el “juicio del siglo”, se remonta a la tesis de la Fiscalía según la cual el expresidente habría intentado influir en testigos privados de la libertad a través del abogado Diego Cadena, con el fin de favorecer su defensa.
De acuerdo con esa hipótesis, varios exparamilitares habrían sido contactados para rendir declaraciones o retractarse de señalamientos previos, hechos que sustentaron la acusación por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que “ninguna prueba acreditó que Uribe Vélez hubiera determinado a Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos”, razón por la cual lo absolvió en una decisión dividida.
Lo que sigue en la Corte Suprema
Con la radicación de la demanda de casación, el expediente quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si admite el recurso presentado por la Fiscalía.
En caso de ser aceptado, la Sala Penal entrará a estudiar de fondo la legalidad del fallo absolutorio, un proceso que podría extenderse por varios años antes de una decisión definitiva.
A este escenario se suma el recurso de casación interpuesto previamente por la bancada de las presuntas víctimas, que también busca que la Corte revoque la absolución y restablezca la condena contra el exmandatario.