El ente acusador fijó para el 11 de febrero la audiencia en la que Augusto Rodríguez deberá responder por presuntas omisiones en el esquema de seguridad del senador asesinado en 2025
La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso judicial relacionado con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al programar una audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presuntas fallas en el esquema de seguridad de la víctima.
La diligencia fue fijada para el próximo 11 de febrero y se enmarca en una investigación que analiza si hubo omisiones institucionales previas al ataque ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Presuntas omisiones bajo la lupa
De acuerdo con la Fiscalía, el alto funcionario deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato, luego de que se identificaran advertencias previas sobre el nivel de riesgo que enfrentaba el entonces senador, las cuales no habrían derivado en un refuerzo efectivo de su protección.
El ente acusador sostiene que existen documentos, comunicaciones internas y testimonios que evidenciarían solicitudes reiteradas para fortalecer el esquema de seguridad de Uribe Turbay, algunas de ellas elevadas pocos días antes del atentado.
La defensa de la UNP
Ante los señalamientos, Augusto Rodríguez ha negado cualquier responsabilidad penal y defendió la actuación de la entidad que dirige. “La UNP cumplió con todos los protocolos establecidos, suministró los escoltas, el armamento y los vehículos necesarios”, aseguró el funcionario.
Rodríguez agregó que algunas decisiones adoptadas dentro del esquema de protección no dependieron exclusivamente de la entidad. “El mismo Miguel Uribe, junto con su jefe de seguridad, tomó decisiones que terminaron debilitando el esquema”, afirmó en declaraciones previas.
La versión de la familia y su apoderado
Desde la representación judicial de la familia, el abogado Víctor Mosquera insistió en que sí existieron fallas graves. “Durante 2025 se hicieron más de 20 solicitudes para reforzar la seguridad, y nunca se atendieron de manera efectiva”, sostuvo.
Mosquera también afirmó que el riesgo del senador ya había sido catalogado como extraordinario. “Hubo mezquindad por parte de la entidad frente a la protección que necesitaba un precandidato presidencial”, declaró.
Avances judiciales por el crimen
Paralelo a la investigación contra el director de la UNP, la Fiscalía ha logrado avances significativos contra los responsables materiales e intelectuales del ataque. Varios implicados han aceptado cargos mediante preacuerdos y otros enfrentarán juicio en 2026.
Entre los procesados se encuentran quienes participaron en la planeación, logística y ejecución del atentado, incluido el menor de edad que disparó contra Uribe Turbay y que posteriormente fue sancionado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay no solo marcó un punto de quiebre en la seguridad de líderes políticos en Colombia, sino que abrió un debate nacional sobre la responsabilidad del Estado en la protección de figuras expuestas a riesgos extremos.
La audiencia del 11 de febrero será clave para definir si la investigación avanza hacia una eventual acusación formal contra el director de la UNP, en un caso que sigue generando repercusiones políticas, jurídicas e institucionales en el país.