El sacerdote Hernando Álvarez Yacub enfrenta un proceso penal por tres delitos. La Diócesis de Santa Marta busca recuperarle el control del Cementerio San Miguel, cuya administración habría sido asumida de forma irregular.
La Fiscalía imputó formalmente al suspendido sacerdote Hernando ‘Fajid’ Álvarez Yacub por los delitos de administración desleal, falsedad en documento privado y destrucción u ocultamiento de documento privado. Los hechos están relacionados con la negativa del religioso a aceptar su traslado por parte de la Diócesis de Santa Marta y con su permanencia en el manejo del Parque Cementerio San Miguel.
Según la versión de la Iglesia, luego de que el obispo José Mario Bacci le ordenara el traslado a otra parroquia, Álvarez ignoró la decisión y tomó acciones drásticas: despidió al personal de la Fundación Juan Pablo II —que administraba el cementerio— y suspendió sus operaciones sin autorización. “El obispo lo había removido, pero él salió de la reunión y despidió a todos, alegando que la fundación iba a cerrar, lo cual era falso”, denunció el abogado Diego Duque.
En lugar de ceder el cargo, el sacerdote creó una nueva sociedad llamada Cementerio San Miguel S.A.S., idéntica en objeto social a la fundación de la Diócesis, y se nombró a sí mismo como administrador. “Tomó control total del cementerio y lo hizo pasar como una entidad propia, cuando en realidad pertenece a la Iglesia”, explicó el jurista.
Argumentos sin respaldo legal
El sacerdote ha argumentado que el camposanto no es de la Diócesis, sino de los propietarios de los lotes. No obstante, Duque asegura que jurídicamente esto no tiene sustento: “Los cementerios no venden propiedad. Venden el uso del espacio para sepultura. No hay escritura pública ni registro de venta que sustente eso”.
Otro de los señalamientos apunta a que, pese a estar suspendido por la Iglesia, Fajid continuó realizando misas, funerales, y otros servicios religiosos, cobrando por ellos. “Está lucrándose de un lugar que no le pertenece y ejerciendo funciones que ya no puede cumplir como sacerdote”, afirmó Duque.
Imputación formal y pruebas en contra
El pasado 16 de junio, la Fiscalía formuló la imputación ante un juez, lo que marca el inicio formal del proceso penal. “No se le acusa por capricho, sino por pruebas sólidas. Retuvo archivos, desinformó a empleados y manejó los bienes como si fueran suyos”, declaró el abogado de la Diócesis.
Como medida de protección, la Iglesia pidió al juez que se ordene la salida inmediata de Álvarez del cementerio. “La Diócesis no ha podido ingresar porque él lo impide por la fuerza. La propiedad es nuestra, está registrada legalmente, y necesitamos recuperarla cuanto antes”, enfatizó el apoderado.
Daños a las labores religiosas y a los dolientes
Más allá del conflicto jurídico, la Diócesis ha recibido quejas de familiares que no encuentran los restos de sus seres queridos. “Este señor movió osamentas sin justificación. Nadie sabe dónde están. Es un irrespeto a los dolientes y a la Iglesia”, alertó Duque con preocupación.
Aunque el caso podría dar pie a reclamaciones económicas, la Iglesia asegura que su prioridad es recuperar el control pastoral del lugar. “Este no es un negocio para lucrarse. Es un lugar sagrado, y queremos ejercer nuestra labor sin más obstáculos”, insistió el abogado.
Audiencia clave y expectativa de condena
La próxima audiencia, prevista para este 16 de julio, definirá si el caso avanza a juicio oral. De ser así, Fajid deberá defenderse por los delitos imputados y podría enfrentar condenas si se comprueba su responsabilidad penal.
Duque se mostró confiado en el proceso y en que el caso no se dilate. “No se trata de esperar años para hacer justicia. Pedimos que se actúe con celeridad. Tenemos pruebas, y creemos firmemente que habrá una condena. No se puede permitir que este tipo de abusos sigan ocurriendo”, concluyó.