El gremio de los comerciantes advirtió que el incremento fijado para 2026 pone en riesgo más de 770.000 empleos formales, amenaza la supervivencia de miles de MiPymes y podría profundizar la inflación en el país
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional estableció el salario mínimo para 2026, con un incremento del 23,7%, decisión que el gremio considera contraria al marco legal vigente.
Junto con la demanda, la organización solicitó la suspensión provisional inmediata del decreto, al advertir que su aplicación genera efectos económicos que podrían ser irreversibles mientras se resuelve el proceso judicial de fondo.
Cuestionamientos al procedimiento legal
Fenalco sostiene que el Ejecutivo se apartó de los criterios obligatorios que la ley establece para fijar el salario mínimo, como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Según el gremio, estas variables fueron sustituidas por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes internacionales que no tienen carácter vinculante en Colombia. Al respecto, su presidente, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el Gobierno “desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo”.
Falta de sustento técnico
Otro de los argumentos centrales de la demanda apunta a la ausencia de una explicación técnica clara que justifique el incremento decretado. Fenalco cuestiona que no se detallen los cálculos que llevaron a pasar de escenarios que respaldaban un ajuste del 6,21% a uno del 23,7%.
En este punto, el gremio también afirmó que “se desconoció la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, lo que, a su juicio, debilita el sustento técnico de la decisión.
Impacto sobre empleo y empresas
Fenalco advirtió que la entrada en vigencia del decreto podría traducirse en la pérdida de aproximadamente 772.340 empleos formales, el cierre de un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas y un aumento de la informalidad laboral.
El gremio también alertó sobre presiones inflacionarias adicionales y un deterioro del aparato productivo, efectos que, según su análisis, terminarían afectando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores.
Llamado al Consejo de Estado
Al defender la acción judicial, Cabal enfatizó que el objetivo no es oponerse a los trabajadores, sino evitar consecuencias económicas mayores. “Esta no es una discusión contra los trabajadores, quienes se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, afirmó.
Finalmente, Fenalco pidió al Consejo de Estado que suspenda los efectos del decreto mientras se adelanta el estudio de legalidad, con el fin de proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.