El Estado activó un nuevo frente judicial para recuperar recursos del fallido proyecto de internet rural, tras imponer medidas sobre bienes vinculados a Emilio Tapia, otros empresarios y un inmueble relacionado con la exministra Karen Abudinen
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de los recursos perdidos en el escándalo de Centros Poblados al decretar medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 23 bienes que estarían asociados al desvío de fondos públicos destinados a llevar conectividad a zonas rurales del país.
Según el ente investigador, los activos intervenidos tendrían un valor superior a los 65.900 millones de pesos y habrían sido adquiridos mediante maniobras financieras irregulares relacionadas con el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.
Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre propiedades que, de acuerdo con la Fiscalía, guardan relación directa o indirecta con los dineros entregados como anticipo para un proyecto que nunca se ejecutó en las condiciones pactadas.
Bienes bajo la lupa de la justicia
Entre los activos afectados figuran inmuebles urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos comerciales y participaciones en sociedades, distribuidos en varios puntos del país, lo que evidencia la dispersión del patrimonio que ahora busca ser recuperado por el Estado.
Las propiedades están localizadas en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, zonas donde se habrían realizado operaciones destinadas a ocultar o transformar el origen de los recursos públicos.
La Fiscalía señaló que los bienes aparecen registrados a nombre del empresario Emilio José Tapia Aldana, así como de Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y personas de su entorno familiar.
El rol de Tapia y la conexión empresarial
Emilio Tapia, considerado una de las figuras centrales del entramado de corrupción, vuelve a quedar en el foco judicial pese a las decisiones recientes que le otorgaron beneficios en otros procesos penales.
Para la Fiscalía, las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados no solo participaron en la ejecución del contrato, sino que habrían sido utilizadas como herramientas para canalizar recursos de origen ilícito.
Las investigaciones permitieron establecer que parte del dinero público fue incorporado a patrimonios aparentemente legales, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio.
La exministra y la recuperación del daño fiscal
Dentro del mismo proceso, el ente acusador impuso una medida cautelar sobre un inmueble vinculado a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, quien estuvo al frente de la cartera durante la adjudicación y ejecución del contrato.
La decisión se sustenta en los hallazgos de responsabilidad fiscal determinados por la Contraloría General de la República, que concluyó que existió un grave detrimento patrimonial al Estado.
La Fiscalía aclaró que estas medidas no tienen carácter penal, sino patrimonial, y buscan garantizar que los bienes puedan ser administrados y eventualmente monetizados para resarcir el daño causado al erario.
El contrato investigado tenía como objetivo la instalación de más de 7.200 centros digitales en 16 departamentos, una iniciativa que prometía cerrar la brecha digital en comunidades rurales y que terminó convertida en uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el sector de las telecomunicaciones.
Con estas actuaciones, la Fiscalía busca cerrar el cerco financiero sobre los responsables y evitar que los recursos públicos perdidos queden definitivamente fuera del alcance del Estado.